UNA PREGUNTA PARA UN REVOLUCIONARIO.

UNA PREGUNTA PARA UN “REVOLUCIONARIO”

Por Alberto Guzmán

Amigo “revolucionario”, ¿te has preguntado por qué en Venezuela hay escasez de leche, carne, pollo, queso, harina de maíz, mantequilla, azúcar, un sin fin de rubros de la dieta diaria, además de alimentos para niños, medicamentos, pañales, artículos de limpieza y de aseo personal, materiales de construcción, vehículos, baterías, repuestos automotrices y una escasez general que acogota a los venezolanos? Pues, la respuesta es muy sencilla: en los últimos 16 años el gobierno expropió 4 millones de hectáreas de tierras productivas. Expropió más de 2 milfincas. Expropió más de 2 mil fábricas y, debido a la persecución y acoso contra la empresa privada, más de 8 mil empresas cerraron sus puertas. Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado de estos abusos y arbitrariedades? Lo siguiente: Las tierras que eran productivas, ya no lo son, están desoladas, abandonadas y convertidas en rastrojos, es decir, NO producen. Las plantas y fábricas expropiadas el 90% están quebradas, el 10% restante funciona “a media máquina”, todas se convirtieron en una carga para el presupuesto nacional, pues el gobierno las convirtió en un “saco roto”, es decir, NO producen. Las empresas que cerraron sus puertas, además del lógico desempleo acarreado, dejaron de producir buena parte de los alimentos y otros bienes de consumo. Las fincas expropiadas hoy lucen abandonadas, en el mejor de los casos están descuidadas, el ganado ya no existe, fue vendido, robado y “beneficiado” por las propias cooperativas y colectivos encargadas de su manejo. Las fincas del Sur del lago de Maracaibo, afamadas por producir las mejores carnes, el mejor queso, la mejor y mayor cantidad de leche y los mejores plátanos del país, hoy, luego de sus expropiaciones, apenas algunas producen el30% de lo que producían. Inclusive, la empresa Agroisleña, distribuidora de fertilizantes y demás insumos para la cría y la agricultura, que otorgaba créditos al 70% de los productores agropecuarios del país, fue expropiada y convertida en “Agropatria”, la cual a los pocos meses ya estaba quebrada y dejando sin insumos a los productores del campo. El manejo de las fincas expropiadas ha sido tan desastroso, que “con su cara muy limpia” el gobierno le ha propuesto a sus antiguos propietarios (la mayoría todavía lo son, el gobierno no les ha pagado) devolvérselas “para que las pongan a producir”, pero en condición de “prestadas”. Además, tanto a los productores agrícolas, agropecuarios y a la agroindustria, el gobierno les dificulta la importación de insumos, semillas, maquinarias y materia prima, pues cuando después de sortear innumerables obstáculos para la aprobación de las divisas por parte del Cencoex (antiguo Cadivi), éste les aprueba menos de lo requerido. Asimismo, a los productores, industriales, comerciantes y empresarios en general, el gobierno, además de ejercer sobre sus empresas el más absoluto control, también los descalifica llamándolos “ladrones”, “usureros”, “especuladores”, “burgueses parasitarios” y “enemigos y hambreadores del pueblo”. Amigo “revolucionario”, las cifras que a continuación te indico, sé que las desconoces, de lo contrario no estarías respaldando al gobierno: en agosto del presente año Venezuela alcanzó el máximo histórico de 87% de escasez de leche en polvo; en los últimos dos años la producción de leche pasteurizada cayó en 92%; la escasez de rubros básicos para la alimentación es de 85%; la mayor caída económica se produce en los 10 estados donde se expropiaron más tierras productivas; el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe entre agosto 2013 y agosto 2014 fue de 2.2%, el de Cuba fue de 1.4%, mientras el de Venezuela fue negativo de -0,5%; la cementera CEMEX producía 4.7 millones de toneladas métricas al año, ahora en manos del gobierno produce 1.2 millones de toneladas menos; la terrible escasez de azúcar se produce con el 80% de los centrales azucareros en manos del gobierno; las plantas procesadoras de harina de maíz de Empresas Polar producen al 100% de su capacidad, mientras las plantas expropiadas, en manos del gobierno, apenas producen el 10% de su capacidad; la expropiada LÁCTEOS LOS ANDES, produce menos del 50% de lo que antes producía, inclusive, algunos de sus productos, como la leche, es producida y embasada en Nicaragua. SIDOR producía más de 4 millones de toneladas de acero y 400 mil toneladas de cabillas al año, ahora, luego de su estatización, apenas produce el 25%; VENALUM y ALCASA producían 630 mil toneladas de aluminio al año, ahora producen el 28% de esa cifra; FERROMINERA DEL ORINOCO apenas produce el 38% de lo que antes producía; BAUXILUM produce menos del 30% de su capacidad; las empresas briqueteras expropiadas ahora no producen ni siquiera el 20% de lo que antes producían; la producción de MINERVEN es apenas el 20% de lo que antes producía; la inflación es de 62% y la de alimentos supera el 100%; la inversión foránea se desvía de Venezuela y las empresas extranjeras abandonan el país; la deuda pública se multiplicó por siete; el bolívar ha sido devaluado en 8.900%; el dólar paralelo cuesta más de 100 bolívares, el sueldo mínimo sólo alcanza para comprar el 30% de la cesta básica alimentaria, y el costo de la cesta básica familiar, según el Cenda, supera los 25 milbolívares (25 millones de los de antes). Para que tengas una idea de la desenfrenada recesión económica que sufre Venezuela, te diré que sólo desde julio 2013 hasta julio 2014 cerraron sus puertas 77.839 empresas, te aclaro que esta cifra es del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Por lo demás, debes haber notado que la escasez de cemento comenzó  luego de la expropiación de las cementeras, y la escasez de cabillas empezó luego de estatizada SIDOR. Pero es que además Venezuela compra aluminio a Estados Unidos; PDVSA compra petróleo liviano a Argelia y petróleo ruso a través de PetroChina, también compra gasolina a Brasil y EEUU; crearon PDVSA Gas Comunal y ahora las colas para comprar bombonas de gas son más largas y humillantes; se producen muertos y heridos por disputarse un puesto en una cola o por un pollo o un kilo de leche. Todo este desastre se ha producido aún con el petróleo a más de 100 dólares el barril. Para remate, estamos ante un gobierno “todero”, pues es empresario, industrial, agricultor, banquero, constructor, hotelero, comerciante, importador, productor de cine, publicista, radiodifusor, etc., etc., etc. No hay actividad económica en la cual el gobierno no tenga su mano metida, lamentablemente, para mal. Ante este panorama y con la manía “socialista” que tiene el gobierno para manejar la producción y la economía, ¿tú crees, amigo “revolucionario”, que podamos volver a los tiempos de cuando el venezolano podía comprar la cantidad deseada del producto de la marca de su preferencia? ¿Tú crees que así se podrá volver a los tiempos cuando se hacía mercado en un solo establecimiento porque en él se encontraba todo lo necesario? Así, ¿tú realmente crees que los venezolanos gozamos de la cacareada “plena soberanía alimentaria”? Independientemente de tu respuesta, yo creo que no. Amigo “revolucionario”, te recuerdo que son 16 años los que lleva la “revolución” prometiendo una Venezuela “potencia”. Cuba lleva más de 50 años con el mismo cuento y nada, todo peor. Sólo al farsante, demagogo y manipulador Hugo Chávez, se le ocurrió decir que la isla antillana “es el mar de la felicidad”. ¡Cómo será el desabastecimiento en Venezuela, que encontrar un litro de leche en una bodega, abasto o supermercado, es un milagro! ¡Así lo creo y así te lo digo!

MILITARISMO EN LA VENEZUELA DE HOY

Militarismo en la Venezuela de hoy Alfredo Infante sj ¿Estamos realmente en un proceso cívico militar o militar-cívico? En principio hay que aclarar que ninguno de los dos modelos es el más apropiado para garantizar un estado de Derechos y para cultivar la cultura democrática. Sin embargo, lo que habría que preguntar es ¿Dónde están los énfasis hoy en Venezuela? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe una alianza cívico militar? Afirmar que en Venezuela hay dictadura militar sería rayar en lo panfletario y caer en una inconsistencia desde el punto de vista del análisis político. Ahora bien, aunque quien escribe, no está de acuerdo con el modelo cívico-militar, sí conviene alertar que en nuestro país no estamos ante una alianza cívico-militar, como se nos ha querido vender por la vía de la propaganda, este sería, si se quiere, el mal menor. Lo que ocurre realmente es que nos vamos deslizando hacia un modelo militar-cívico, que implica un progresivo control del componente militar sobre la convivencia ciudadana, donde lo cívico queda supeditado a la lógica militar. Una alianza, y aquí hago uso del imaginario religioso, es en sentido estricto una relación simétrica entre pares que consienten libremente y hacen sinergia en un proyecto común. Difícilmente entre un actor armado y uno no armado puede existir tal simetría. Además, la institución militar por ser un cuerpo, estructurado jerárquicamente y bajo el principio de la obediencia asimétrica, pese a la diversidad interna que pueda existir soterradamente en la misma, se presenta como un sujeto compacto y homogéneo; mientras que lo cívico es de suyo, por su esencia, diversa, flexible, horizontal, participativa, y su unidad sólo puede ser mediada por la palabra y la racionalidad democrática. En una alianza cívico-militar es muy difícil que el factor civil no quede reducido. Estamos en un escenario Militar-cívico. Los indicadores dan cuenta de que en la práctica lo que se va instaurando en nuestro país es un régimen militar-cívico, donde la presencia de militares y exmilitares es cada vez más acentuada en cargos públicos y en instituciones que tradicionalmente han sido de vocación civil, como por ejemplo, el cuerpo diplomático. También, es cada vez más recurrente dar respuestas militares a problemas de carácter estructural y de competencia civil. El Foro por la Vida, coalición de Organizaciones de Derechos humanos, nos pone en alerta ante esta dinámica, y señala cómo ésta tendencia se ha ido expresando en algunas leyes, que en su conjunto, van definiendo un régimen militar-cívico, donde lo cívico es adjetivo, no sustantivo, y se pretende con las mismas vincular orgánicamente la vida civil a la lógica militar. Todo esto implica adoctrinamiento, posicionar un lenguaje, unos modos verticales de actuación y de resolución de conflictos y diferencias, un modo de entender e impartir la justicia, la lógica del enemigo no del adversario, y, por supuesto, unas claras consecuencias en la distribución del presupuesto nacional, donde el gasto militar y de seguridad se coloca por encima, por ejemplo, del presupuesto de salud. Les invito, de la mano del Foro por La Vida, a ver estos indicadores: <<Ley de registro y alistamiento En la Gaceta Oficial Nº 40.440 del 25 de junio de 2014 se publicó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación. Esta ley implica que todas las personas, y empresas pública deben inscribirse en obligatoriamente en el Registro para la Defensa Integral. Además obligan a los órganos y entes, públicos o privados a solicitar la constancia de inscripción en este registro antes de cualquier contratación. Este registro es inconstitucional, pues ignora lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 134, que establece la posibilidad de prestar un servicio de naturaleza civil para la defensa, preservación y desarrollo del país. Al respecto la Organización de Naciones Unidas ha establecido que un servicio alternativo al servicio militar debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes de las Fuerzas Armadas. Brigadas: fuerzas de choque  En segundo lugar expresamos nuestra preocupación por la reciente creación de las brigadas denominadas “Fuerzas de Choque”, que según declaraciones del Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Néstor León Heredia (PSUV), tendrá como objetivo “combatir planes de desestabilización que perturben el país” y se integrará a otras instancias de gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el Plan Patria Segura. La “Fuerza Choque” se suma a las recién creadas Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), los Cuerpos de Combatientes y las Milicias Obreras, Campesinas y Estudiantiles. Al otorgar funciones de seguridad interna tanto a las Fuerzas Armadas como a los grupos militarizados se desacata el artículo 332 de la CRBV que expresa que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y se generan condiciones para potenciales violaciones a los DDHH. Juicios militares a civiles Queremos rechazar, asimismo, el uso de instalaciones y tribunales militares para privar de libertad y enjuiciar a civiles detenidos en el contexto de manifestaciones, ignorando el artículo 261 de la Carta Magna, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Este mecanismo se utiliza no solamente para quienes han participado en manifestaciones: advertimos que existe una línea jurisprudencial en la sala penal del TSJ de enjuiciar a civiles en los tribunales militares por diversos delitos. Gasto militar  La situación de crisis económica y falta de divisas para facilitar el ingreso de productos esenciales, como las medicinas y los alimentos, debe motivar a que el Estado venezolano revise el dinero destinado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de armas. Según la Ley de Presupuesto 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa fue la quinta institución que más recibió dinero, muy por encima de otras que vigilan la garantía de los derechos sociales como salud, alimentación, vivienda y cultura. Por otra parte según datos del Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus cifras en inglés), Venezuela es el segundo país de la región que más ha gastado en armamento en los últimos años. Por último deploramos que el presidente de la República y voceros del alto gobierno mantienen un lenguaje de confrontación basado en metáforas y alusiones provenientes del mundo militar. La construcción de canales para el diálogo democrático, el consenso y el entendimiento pasa por el respeto de todos los actores y sectores de la sociedad. Por ello, el establecimiento de un registro militar debe ser exclusivamente para las personas que opten por prestar el servicio militar y no para la totalidad de las personas naturales o jurídicas del país. Esta decisión, de carácter inconstitucional, tergiversa el derecho a la objeción de conciencia y la prestación de un servicio alternativo. Además, las penas por su incumplimiento niegan los derechos a la educación, trabajo y libre tránsito>>