MANIFIESTO: A LA FUERZA ARMADA NACIONAL.

Manifiesto: A la Fuerza Armada Nacional Venezuela / by Editor / on 15/09/2013 at 4:59 PM / Estas no son equivocaciones sino el resultado del diseño de una política orientada a satisfacer los intereses de Cuba en el Caribe. La responsabilidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es inmensa Frente Institucional Militar / El Frente Institucional Militar se dirige respetuosamente a los miembros de la Fuerza Armada con la finalidad de manifestarles nuestra preocupación, la cual también existe en la mayoría de los venezolanos, por la forma irresponsable como el gobierno nacional ha venido conduciendo la reclamación de la Guayana Esequiba y en general la política con el Caribe. Deseamos informarles de un número sorprendente de equivocaciones y omisiones cometidas por el gobierno nacional, en estos últimos años, para que ustedes, con el patriotismo que debe caracterizarlos, las analicen con la objetividad requerida para que hagan oír su voz y se logre la rectificación necesaria antes de que los hechos se hagan irreversibles, ocasionándole una daño irreparable a Venezuela. 1.- Es inaceptable que Nicolás Maduro haya realizado una visita oficial a Guyana, días después que ese país hizo público, a través de una rueda de prensa de su ministro del ambiente en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, que había entregado una concesión petrolera en el llamado bloque Roraima que afecta a la fachada atlántica de la zona de reclamación y a la del estado Delta Amacuro. Nicolás Maduro, no sólo aceptó dicha invitación, sino que durante su viaje, en lugar de rechazar el derecho de Guyana a ese espacio marítimo venezolano, guardó un sorprendente silencio. Su manifiesta debilidad puede haber generado un Estoppel de aquiescencia que podría ser utilizado por Guyana a su favor durante las negociaciones. 2.- Para colmo, en la rueda de prensa ofrecida por Nicolás Maduro, después de la lectura del comunicado conjunto de los dos gobiernos declaró que “recientemente han salido documentos desclasificados de la década del 60, 70, y 80 que demuestran quienes eran los intrigantes que preparaban una guerra con Guyana” sin valorar que ese planteamiento debilita de tal manera nuestra autoridad moral en las negociaciones que puede llegar a comprometer sus resultados. Esa posición coincide con la sostenida por Hugo Chávez en el año 2007 cuando se atrevió a decir que la reclamación venezolana se había originado por presión de los Estados Unidos. Estas dos declaraciones sólo pueden calificarse como traición a la Patria. 3.- La verdad histórica es que nuestro país hizo un consistente esfuerzo, ante la cercanía de la independencia de la Guayana Británica, al lograr firmar el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre Venezuela y el Reino Unido, en consulta con el gobierno de la Guayana Británica. Lamentablemente, Guyana, en los ya largos años de negociación, no ha tenido la voluntad política para tratar de “encontrar una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes” como lo establece el tratado. Al contrario, no sólo ha mantenido una actitud intransigente, sino que ha buscado obtener ventajas ante el problemático escenario que se presenta en la delimitación de las áreas marinas y submarinas del sector atlántico venezolano. 4.- No se puede realizar una posible delimitación de las áreas marinas y submarinas con Guyana mientras no se resuelva la reclamación del territorio de la Guayana Esequiba. Ese territorio venezolano tiene 270 kilómetros de costa sobre el Océano Atlántico los cuales representan una enorme proyección marítima. Sin embargo, la búsqueda de un arreglo práctico como lo plantea el Acuerdo de Ginebra obligaría a ambos países a encontrar una solución al diferendo existente, luego del cual se iniciarían las negociaciones para delimitar las áreas marinas y submarinas. Para complicar aún más la situación, en junio del año 2000, la empresa canadiense GGX Energy comenzó labores de explotación en aguas fronterizas entre Guyana y Surinam. 5.- Este hecho provocó una protesta de parte del gobierno de Surinam, lo que condujo a que ambos países decidieran dirimir la controversia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Este tribunal sentenció el 17 de septiembre de 2007, y aplicó principios equitativos para delimitar las áreas marinas y submarinas entre los dos Estados litigantes. Lo insólito de esta decisión es que en ella fueron tomados como referencia para realizar la delimitación varios puntos ubicados en la costa de la Guayana Esequiba, desconociendo que esa área forma parte de una controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana. Aparentemente, este Tribunal reconoce derechos a Guyana sobre la Zona en Reclamación. 6.- Los derechos de soberanía que Surinam podría ejercer hacia el Este de esa línea, no afectan a los intereses de Venezuela; no obstante, la proyección de la plataforma continental de Guyana hacia el Oeste, podría invadir las áreas marinas y submarinas que se proyectan desde las costas de la Guayana Esequiba y del estado Delta Amacuro. Lo que resulta incomprensible es, que hasta la fecha, no se tiene conocimiento de que Venezuela haya presentado protestas ante estos gobiernos, ni ante este Tribunal o ante la Secretaría General de la Naciones Unidas, para denunciar, que la sentencia aparenta desconocer la existencia del Acuerdo de Ginebra, cuyo cumplimiento es responsabilidad directa de esa Secretaría General. 7.- Justamente, este temor acaba de materializarse con la entrega de una nueva concesión petrolera, en junio de 2012, en el bloque Roraima a la trasnacional petrolera Anadarko, cuya ubicación se había mantenido en secreto, hasta la presentación en mayo de este año del ministro del ambiente en San Diego, Estados Unidos, dejando en claro que su ubicación es frente a la fachada Atlántica del estado Delta Amacuro, área marítima tradicionalmente patrullada por la Armada venezolana. En dicha asignación, Guyana aplicó en forma unilateral una línea divisoria con Venezuela con una inclinación aproximada de 30 grados, sin respetar la decisión del gobierno de Venezuela que, desde 1966, ha asumido la inclinación de esta línea en 70 grados ejerciendo plena soberanía sobre esa área. 8.- A la entrega del bloque Roraima, se suma la reactivación de las labores de exploración petrolera en el bloque Stabroek, concedido por Guyana frente a la fachada atlántica venezolana y que habían sido paralizadas tras una protesta de Venezuela entre los años 1999 y 2000. La Stabroek culminó las labores de levantamiento sísmico y están llevando a cabo un proyecto de perforación. En enero pasado el presidente guyanés Donald Ramotar se reunió con funcionarios de Exxon Mobil y hablaron del avance de los trabajos. 8.- Por su parte, sobre el bloque Roraima, la empresa Anadarko informó al gobierno de Guyana que en el último trimestre de 2013 deben estar listos los trabajos en dos dimensiones. 9.- La información presentada por Guyana ante las Naciones Unidas, el 6 de septiembre de 2011, de ampliar los límites de la plataforma continental generada por el territorio al oeste del río Esequibo más allá de 200 millas náutica es una nueva dificultad que surge en la delimitación de las áreas marinas y submarinas entre Guyana y Venezuela. El gobierno nacional dirigió el 9 de marzo de 2012 una carta al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki Moon en la cual hizo de su conocimiento “las reservas que Venezuela tiene a la información suministrada por el gobierno de Guyana por existir una controversia de soberanía territorial sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966”. 10.- Sorprendentemente, la canciller de Guyana, en su respuesta a esta nota del 4 de abril de 2012 refuta el planteamiento de Venezuela por no existir una controversia territorial entre Venezuela y Guyana, “sino una controversia surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica es nulo e irrito” Este planteamiento desconoce el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966, “de encontrar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido como consecuencia de la contención Venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”. 11.- Con relación a Barbados, los hechos se remontan al año 2004, cuando ese país firmó con Guyana un acuerdo de cooperación en sus zonas económicas exclusivas, por el hecho de que ambos reclamaban un “supuesto” solapamiento de sus espacios marítimos; sin considerar que ese “solapamiento”, se encuentra sobre la plataforma continental de Venezuela frente al estado Delta Amacuro. Luego de catorce años sin haberse pronunciado al respecto, el 14 de febrero de 2004, el gobierno de Barbados, denunció el Tratado de 1990 sobre delimitación de áreas marinas y submarinas subscrito entre Venezuela y Trinidad y Tobago, bajo el argumento de que violaba el Derecho del Mar y menoscababa sus derechos. 12.- Ese mismo año (2004) Barbados y Trinidad y Tobago, recurrieron a un arbitraje para delimitar sus áreas marinas y submarinas. La respectiva sentencia se dictó el 11 de abril de 2006, y trazó una línea equidistante de once (11) puntos geodésicos la cual en su Punto final, el número 11 hace contacto con la línea comprendida entre los Puntos 21 y 22 del Tratado entre Venezuela y Trinidad y Tobago del año 1990. Como consecuencia Trinidad y Tobago dejó de ejercer soberanía hacia el Noroeste de esa línea (Puntos 21 y 22); a partir del Punto 11, acordado con Barbados, y hasta el Punto 22, acordado con Venezuela. Ese punto 11 pasaría a ser un punto triple entre Trinidad y Tobago, Barbados y Venezuela. 13.- Trinidad y Tobago, no puede desconocer unilateralmente su tratado de límites con Venezuela. Barbados tampoco podría denunciar y desconocer ese Tratado, por el hecho de haber mantenido una actitud aquiescente con relación al mismo durante catorce años, contados desde 1990. Sorprendentemente, el gobierno de Barbados, en el año 2007, abrió una ronda de licitaciones para asignar bloques para la exploración y eventual explotación de hidrocarburos. Algunos de estos bloques invaden áreas pertenecientes a Venezuela según el límite acordado con Trinidad y Tobago en el Tratado de 1990. El área que se invade, se halla entre los Puntos 11 de 2006 (Trinidad y Tobago-Barbados), y 22 de 1990. 14.- Otro aspecto de gran importancia es la posición arbitraria que ha tomado la Comunidad del Caribe (CARICOM) al desconocer que la isla de Aves genera mar territorial y plataforma continental, hecho aceptado por los Estados Unidos y Francia en el momento de establecerse la delimitación de las áreas marinas y submarinas con Venezuela. Esta posición, es una muestra clara de la actitud inamistosa hacia Venezuela de los países del Caribe. Nuestra política internacional siempre ha buscado la cooperación con esos países, pero lamentablemente nuestra actitud ha sido equivocadamente interpretada como una posición imperialista que sólo busca la recuperación del territorio Esequibo. La responsabilidad de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es inmensa. De manera inexplicable, Venezuela ha guardado silencio, en casi todos estos hechos, aún en los más graves, y sólo cuando la opinión pública ha presionado es que se ha decidido a plantear los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, según lo establece el Acuerdo de Ginebra, pero siempre sus notas han sido enviadas con un sorprendente retardo. Han sido tanto los errores cometidos por estos gobiernos, durante estos catorce años, en el manejo de las relaciones con Guyana en particular y con el Caribe en general, que estamos convencidos de que no son equivocaciones sino el resultado del diseño de una política orientada a satisfacer los intereses de Cuba en el Caribe. El Frente Institucional Militar tiene fe en que los miembros activos de la Fuerza Armada, al hacer oír su voz, logren que el gobierno nacional responda de una manera firme y eficiente las permanentes provocaciones a Venezuela que han venido, con muy mala fe, realizando Guyana y los países del Caribe. Esta respuesta debe estar orientada de la siguiente manera: ■Frente a Barbados, Venezuela debe manifestar que, bajo ninguna circunstancia, este Estado puede desconocer la delimitación acordada con Trinidad y Tobago en 1990; en razón de su actitud aquiescente asumida entre los años 1990 y 2004, la cual conduce a una situación que perfectamente cabría dentro de un “Stoppel”. ■Los Tratados firmados entre Trinidad y Tobago y, Barbados; y entre Guyana y Surinam, no pueden vincular a un tercer Estado, por consiguiente, no pueden inferir en los derechos preestablecidos en los Tratados firmados por Venezuela. ■Ninguno de estos arbitrajes, podría haber interferido en lo acordado entre Venezuela y Trinidad y Tobago en 1990; porque de haberlo hecho, se habría incurrido en un claro caso de “ultra petita” o extralimitación de funciones. ■Venezuela debe iniciar negociaciones con Barbados sobre la base del reconocimiento, por parte de ese Estado, de la línea limítrofe acordada con Trinidad y Tobago en 1990. ■Debe ser denunciado ante las instancias pertinentes, el tratado entre Guyana y Surinam. De no hacerse esta denuncia, Venezuela estaría reconociendo derechos a Guyana sobre el territorio en reclamación y sobre su proyección marítima. ■Este complicado panorama de delimitación de áreas marinas y submarinas en la fachada Atlántica venezolana obliga a la Armada venezolana a mantener un permanente patrullaje, en la zona perteneciente a Venezuela, para ratificar nuestra soberanía sobre dichas áreas. Los gobiernos presididos por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, durante estos catorce años, tienen una inmensa responsabilidad, en particular el ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Nacional, en las grandes equivocaciones y omisiones que se han cometido al poner en grave riesgo la integridad territorial de Venezuela. Los miembros activos de la Fuerza Armada Nacional deben entender su inmensa responsabilidad histórica ante los hechos desarrollados en este documento. Es momento de grandes definiciones. Guardar silencio es hacerse cómplice del delito de Traición a la Patria y comprometer el prestigio y el honor de nuestra Institución

ESTADO DELINCUENTE.

“Estado delincuente” Venezuela / by Editor / on 08/09/2013 at 10:02 AM / De los 21.692 homicidios cometidos en 2012, 55% están vinculados al crimen organizado, especialmente a través de las bandas armadas que operan desde la barriadas populares. Marcos Tarre y Carlos Tablante exponen en una amplio estudio sobre la violencia cómo la corrupción y el crimen organizado tienen alta incidencia en los índices de homicidios Francisco Olivares / El Universal Resulta complejo explicar por qué Venezuela en cuestión de 14 años pasó de tener índices de criminalidad envidiables para el continente, de menos de 20 asesinatos cada 100 mil habitantes, a una tasa de 73 asesinatos, ocupando uno de los índices más altos del mundo para llegara en 2012 a 21.692 homicidios de acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia. A juicio del escritor y experto en seguridad, Marcos Tarre, los altos índices de criminalidad presentes hoy en la vida venezolana están relacionados con el auge del crimen organizado en una siniestra ecuación que se origina en la corrupción, que deviene en el fortalecimiento del crimen organizado y que a su vez genera entre 34% a 55% de los homicidios que se cometen en el país. “En Venezuela no tenemos situaciones extremas como los carteles mexicanos de la droga, pero tenemos índices delictivos más altos que México”. A su juicio detrás de eso está la corrupción, que el sociólogo y experto en temas de violencia, Roberto Briceño León, atribuye a la ausencia de instituciones y a la falta de autonomía de los Poderes Públicos, entre otras causas. Para Marcos Tarre, en Venezuela hay una aceptación social del tema de la corrupción. Carlos Tablante, quien se ha ocupado del estudio del crimen organizado en Venezuela precisa que en los barrios de las principales ciudades del país existe una economía subterránea que se mueve con capitales ilícitos relacionados con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Estas organizaciones delictivas se disputan el control de los territorios, el control de las actividades ilícitas y el dinero que mueve. El enfrentamiento permanente entre ellos generan una situación de violencia que nuestras estimaciones indican que aportan 40% de los homicidios en el país. Ambos expertos: Carlos Tablante y Marcos Tarre, acaban de publicar un libro con el título de “Estado delincuente” que contiene un amplio estudio sobre el crimen organizado. El libro, cuya primera edición desapareció “misteriosamente” de las librerías apenas horas de haber sido distribuido, acaba de ser entregado a las librerías en su segunda edición. Allí exponen que, al lado del rol que ocupa la corrupción en esa ecuación de violencia, otro factor que ha propiciado la expansión de la delincuencia organizada deriva de la tolerancia y hasta complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados en Venezuela tales como las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Liberación (FBL) o los llamados colectivos como La Piedrita, Carapaica, y otros grupos de base que tras la cara política controlan los mercados locales de la droga , tráfico de armas, secuestros y extorsión. Para Tablante toda esa actividad también se sostiene gracias a que tenemos “un Poder Judicial tomado por la delincuencia organizada. Los juicios, los tribunales, las instancias del Poder Judicial tienen tarifa”. Aclara que si bien es cierto que la hegemonía gubernamental del Gobierno sobre el Poder Judicial, se buscó en el plano ideológico y político, ella se transformó en una hegemonía de la corrupción. Destaca que resulta irónico que el mismo presidente Maduro, quien ha estado 15 años en los puestos más altos de Gobierno, esté hablando de crear leyes especiales para frenar la corrupción, cuando son precisamente ellos quienes han estado a cargo de la tesorería, de la hacienda pública y de los bienes del país. “Como no ha habido separación de los poderes, esa corrupción ha ido permeando en todas las instituciones y es lo que nosotros definimos como un ‘Estado delincuente’. Es decir, ya no es un Estado paralelo, no es una Estado dentro del Estado, sino que las redes de la corrupción han avanzado y se han extendido en esa especie de hegemonía de la corrupción que se ha adueñado del Estado y que tiene el control de las principales instituciones del Estado”. Armas y crimen organizado El “Estudio Global de Homicidios 2011″ de la ONU, en el capítulo relacionado a armas de fuego, establece la conexión que existe entre el uso de las armas y las organizaciones delictivas. A nivel mundial el informe estima que 42% de los homicidios del año 2010 se cometieron con armas de fuego. En Latinoamérica ese porcentaje es superior 70% pero en Venezuela la cifra asciende a 88% de homicidios con armas de fuego. Esa cifra está vinculada al crimen organizado y puede precisarse al tomar algunas características como el número de disparos que se le hace a la víctima, la parte del cuerpo que se busca afectar o el tipo de arma utilizada. Las crónicas policiales que se publican en los medios han dado cuenta de esa realidad como: “un presunto confidente de cuerpos policiales fue muerto de 60 disparos en la cara”. Según los autores de “Estado delincuente” tales hechos muestran ciertos “ritos” propios de las bandas delictivas. Una cifra tomada de Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Inosec) indica que en 45% de los homicidios con armas de fuego, las víctimas recibieron más de 3 disparos, haciéndose regular en el último año homicidios con 50 y 60 disparos. Homicidios vinculados al crimen organizado. Otros indicadores lo constituyen delitos como el secuestro y el sicariato los cuales han aumentado sustancialmente en los últimos años. En cuanto al secuestro en el que hay un gran porcentaje que no es denunciado por las víctimas ante las autoridades, de 67 casos denunciados en el año 2000, se pasó a 686 en el año 2010. Asimismo los delitos como enfrentamiento entre bandas, enfrentamiento con las autoridades y venganza, muy relacionados a las bandas organizadas, cubren 42% de los homicidios. Un dato muy llamativo que indica la ineficiencia del Estado para controlar a las bandas organizadas se da por ejemplo en el tráfico de drogas. A pesar de que en Venezuela ha habido un incremento sustancial en el decomiso de grandes cargamentos de droga, tenemos que por posesión, en el que la mayoría son solo consumidores, fueron detenidos en el año 2010, 17.590 personas, en tanto que por tráfico de drogas solo se realizaron 32 detenciones. Ello explica la ineficiencia del Estado para castigar al traficante y cómo el traficante, que es quien tiene el poder económico, es el que tiene la capacidad de comprar la justicia. Para Carlos Tablante “ellos compran la impunidad y no les llega la justicia”. Boliburguesía y corrupción En el ámbito internacional existe una clara percepción de la corrupción como un mal asociado a la delincuencia organizada. Transparencia Internacional, organización no gubernamental que tiene su asiento en Berlín, en su último informe mundial sobre “índice de percepción de la corrupción de 2011″ al hacer una evaluación sobre 182 países, ubica a Venezuela en el puesto 172 compartiendo honores con Burundi y Guinea Ecuatorial como los países más corruptos del planeta. Señala Marcos Tarre que en los últimos 14 años, además de que se ha consolidado una delincuencia organizada que podríamos llamar tradicional, existe otra que se ha hecho muy poderosa. Esta última es propiciada por la corrupción y el deterioro institucional. Han aparecido nuevas formas de organizaciones delictivas surgidas de las políticas de controles económicos como el control de cambio, o regulaciones como el contrabando de gasolina, el contrabando de productos subsidiados como la cabilla y el cemento etc. Se han fortalecido organizaciones delictivas ligadas al Estado y ha formado una nueva clase poderosa. Refiere Carlos Tablante que en Venezuela se ha ido construyendo un “Estado delincuente” que es más poderoso que el Estado constitucional. Asegura que “la red de corrupción que sustenta a ese Estado delincuencial, ha asumido el control de varias áreas, pero en especial, de las finanzas públicas, las cuales ha privatizado por la vía de la corrupción”. Tales redes de corrupción tienen su expresión en los nuevos grupos económicos surgidos en una especie de mestizaje en donde los negocios ilícitos se han ido ligando cada vez más a los negocios lícitos. Y ese mestizaje ha dado lugar a una nueva clase que ha tomado distintos nombres como la “boliburguesía” o los llamados “bolichicos”, estos últimos quienes hicieron grandes negocios a partir de la crisis eléctrica. Estos seudos empresarios han sido promotores de la revolución en una suerte de capitalismo de prebendas, acota el autor. Escándalos que no se resolvieron En el libro se recogen ejemplos de los negocios que se hicieron desde el Gobierno y que nunca fueron investigados, tales como el de Bariven con la importación de alimentos que se pudrieron por traerlos con fechas de vencimiento próximas, sin garantía y con sobreprecios. El caso del maletín con dólares en efectivo enviados por el Gobierno para la campaña de Cristina Kirchner nunca se investigó. Makled y su red de funcionarios y militares comprados. Igualmente describe cómo funcionarios que tienen la discreción de asignar las divisas facilitaron lo que el propio ministro Jorge Giordani denunció cuando dijo que descubrió que 20 mil millones de dólares fueron importaciones ficticias de empresas de maletín. Una denuncia del propio ministro de la que no hay responsables a pesar de que el Gobierno maneja en detalle la información sobre las personas y las empresas fantasmas. Como ejemplo de impunidad, el libro menciona el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional, cuyo nombre no aparece en ninguna de las investigaciones realizadas con las operaciones cambiarias, y los bancos quebrados, a pesar de haber sido uno de los principales responsables de las finanzas públicas. “Se trata de un ex funcionario de origen humilde, súbitamente convertido en un ostentoso millonario”. La estructura de negocios con bonos, con notas estructuradas, produjo enormes ganancias derivadas del diferencial del dólar oficial y el dólar paralelo, con los dineros del Estado, con los depósitos que recibían de parte de Andrade quien estaba a cargo de la tesorería y a su vez era presidente de Bandes y Banfoandes. Con los depósitos gubernamentales se compraron compañías de seguros, medios de comunicación y otras propiedades. Esas actividades no se pueden realizar sin el entramado y complicidad necesaria del el alto funcionario del Gobierno que maneja el dinero, indican los autores