Digámoslo sin rodeos: esta
negociación depende, en lo esencial, de la presión de Washington, financiera y
militar, y nadie sabe si esa presión seguirá siendo posible después de las
elecciones del 3 de noviembre
Benigno
Alarcón Deza
|
30
de octubre de 2026
La entrega anterior fijó cinco indicadores
del avance de la negociación para octubre. El mes trajo una sorpresa: la
primera señal de un calendario
electoral, ausente durante las tres rondas de la mesa, apareció
por fin, pero no salió de ella. Lo presentó el Departamento de Estado el 26 de
octubre, o sea al día siguiente del regreso de María Corina Machado.
Vayamos ahora, como corresponde a esta serie
de artículos, al examen de lo que sí depende de la mesa.
El examen de octubre
La dilación ya tiene registro. En la segunda
ronda, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, estaba fuera del
país el día de la instalación, en Londres, en gestiones diplomáticas y de
inversión. Según difundió él mismo en sus redes, participó además en un
campeonato de tenis de mesa. La ronda terminó prolongándose varios días, quizás
para compensar su ausencia. Y entre la segunda y la tercera ronda no se
completó el Comité de Postulaciones previsto para el 15 de octubre: se designó
el 22, un día después de cerrada la tercera, y la postulación de magistrados no
se abrió hasta el 28, once semanas después del acuerdo de agosto.
Así negocia quien no tiene prisa.
De los cinco indicadores, solo dos se
cumplieron. El primero, el Comité. 12 representantes de la sociedad civil, de
los cuales solo dos tienen vínculos conocidos con el chavismo según
Transparencia Venezuela, lo que da una mayoría no oficialista de un voto en el
mejor de los casos. El segundo, el regreso de Machado, el 25 de octubre, sin
represalias por ahora.
Los otros tres, no: el tercer ciclo acordó
revisar la Ley de la Contraloría en lo relativo a las inhabilitaciones y crear
una comisión para el oro. Del árbitro electoral, de una fecha y de los 322
presos políticos que contaba Foro Penal, nada. La reforma de la Ley contra el
Odio elimina la cárcel, pero traslada la potestad de sancionar, con multas
cuantiosas, de los jueces al Ministerio de Interior, que dirige Cabello: se
despenaliza la conducta y se ministerializa el castigo. Y ninguna licencia
escribió un hito electoral; lo que llegó, el 14 de octubre, fue el retiro de
Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de la OFAC, sin razones ni
condiciones publicadas.
El Comité: primer eslabón, primeras trampas
Raquel Sánchez, abogada de Foro Penal y una
de las doce integrantes civiles, denunció que se pretende que los aspirantes
del proceso anulado en mayo repitan sin volver a postularse; que se busca
limitar, por «razones de tiempo», el acceso de los miembros a esos expedientes,
y que se negó crear un mecanismo para que todos los consultaran, alegando la
protección de datos personales. «No estamos eligiendo a los directivos de una
empresa privada», respondió. Salvó su voto. El presidente del Comité, diputado
del PSUV, habló de un «malentendido». Acceso a la Justicia advirtió que
restringir el acceso «viciaría el proceso». El baremo, aprobado, sigue sin
publicarse, así como el número de plazas. Un comité que no puede ver los
expedientes no puede filtrar: solo puede convalidar.
El calendario llegó, pero no desde la mesa
Según un alto funcionario del Departamento de
Estado, la secuencia es esta: un TSJ renovado a mediados de diciembre. Un CNE
técnico, sin la facultad de decidir qué partidos y candidatos compiten —la que
sirvió para inhabilitar a Machado—; y, renovados ambos poderes, la declaración
de vacante permanente de la Presidencia por Delcy Rodríguez, que abriría seis
meses para una elección «previsiblemente en 2027».
Debo registrar una rectificación. En
septiembre escribí que Washington y el gobierno convergían en una misma fecha:
ninguna. Esa convergencia se rompió, al menos en el papel: Washington tiene
ahora una secuencia, un año, y pone primero la elección presidencial. Pero la
hoja de ruta tiene un defecto de diseño: el paso que pone a correr el tiempo,
declarar la vacante, depende de quien tendría que declarar su propia salida.
Días después de esta declaración, el gobierno no ha dicho ni una palabra. Su
única referencia a la fecha sigue siendo el «lapso que establece la
Constitución» de Jorge Rodríguez: leído literalmente, 2030. Rubio advirtió que
habrá problemas si se sabotea el proceso, pero hasta ahora nadie sabe cuáles
serían las consecuencias y si Trump tendrá capacidad y disposición para
ejercerlas después de las elecciones de medio término. Una hoja de ruta
anunciada unilateralmente y sin consecuencias explícitas, es un pronóstico, no
un compromiso o una amenaza que obliga a avanzar por coerción.
¿Quién gana tiempo?
Digámoslo sin rodeos: esta negociación
depende, en lo esencial, de la presión de Washington, financiera y militar, y
nadie sabe si esa presión seguirá siendo posible después de las elecciones del
3 de noviembre. Dónde termine y qué produzca dependerá mucho más de las
prioridades y decisiones de Washington que de lo que acuerden gobierno y
oposición. El objetivo del gobierno es el de siempre: ganar tiempo hasta que
pase la crisis, como en 2019 y 2020, cuando negoció en Oslo y Barbados en el
pico de la presión, se levantó de la mesa ese mes de agosto y esperó a que la
coyuntura cambiara.
La democratización de Venezuela parece una
causa bipartidista en Washington, y una Cámara de mayoría demócrata, según
Bloomberg, aumentaría el escrutinio del acuerdo petrolero. Pero la presión
descansa sobre dos pilares, y un Congreso demócrata podría reforzar uno y
debilitar el otro. La condicionalidad financiera —licencias, cuentas,
transparencia— podría endurecerse; la amenaza militar, la que sentó al gobierno
a la mesa, difícilmente. Los demócratas no han sido partidarios de usar la
fuerza en Venezuela: el 8 de enero, cinco días después de la captura de Maduro,
el Senado avanzó, con sus votos y los de cinco republicanos, una resolución
para exigir autorización del Congreso ante nuevas acciones militares. Si en
Miraflores se lee el 3 de noviembre como el fin de la amenaza creíble,
volveremos a la negociación asimétrica de siempre.
Si el desenlace depende de Washington, la
pregunta que ya no podemos eludir es otra: ¿usa también Washington la
negociación como válvula frente a la presión política que recibe por Venezuela,
mientras el régimen compra tiempo otorgando cualquier contrato o concesión que
Washington demande? La opacidad alimenta la sospecha en ambas capitales. Según
ProPublica, el acuerdo con Nabep, firmado el 30 de agosto por Rubio y Pete
Hegseth, prevé que el gobierno estadounidense adquiera el 35% de la empresa a
través de una matriz en Barbados cuyos propietarios no se divulgan; le permite
comprar el 20% de la producción a 30 dólares el barril, y no asegura los
200.000 millones en regalías e impuestos anunciados. La auditoría de KPMG sobre
el manejo de los ingresos petroleros no se publicó en la fecha prevista.
Ricardo Hausmann lo llamó
«una coalición de dos cleptocracias».
No es una conclusión, sino una hipótesis por
probar. Un garante accionista es creíble en su compromiso con la estabilidad,
de la que depende su inversión, y menos en el de la alternancia, que podría
ponerla en riesgo si no cumple con los extremos de ley. Que la hoja de ruta
llegara una semana antes del 3 de noviembre y un día después del regreso de
Machado es compatible con ambas lecturas: un compromiso real o una válvula
oportuna.
Machado en casa: la presión que no depende de
Washington
Hay, sin embargo, una variable que no depende
de Washington y que puede cambiar sus cálculos: la presión interna. Con Machado
en el país, la oposición recupera instrumentos que la mesa no tiene: un
liderazgo con el mayor respaldo medido, capacidad de convocatoria y una agenda
que ya comparten actores muy distintos. La marcha del 22 de octubre fue, según
Reuters, la primera protesta opositora nacional en casi dos años; el 28,
sindicatos, jubilados y familiares de presos marcharon hacia Miraflores pidiendo
elecciones e indulto; los trabajadores de la CVG añadieron «garantías políticas»
a su reclamo salarial, y la Conferencia Episcopal pidió un CNE imparcial y el
fin de las inhabilitaciones. El gobierno ha respondido con contención, no con
represión: sabe que la calle reprimir tiene costos también para quien el
garante que tutela, y a quien no se le quiere disgustar.
La calle no puede fijar el calendario por sí
sola, pero puede hacer dos cosas que la mesa no puede. Puede elevar el costo de
sostener el statu quo, que es lo que, según Zartman, hace madurar una
negociación. Y puede quitarle a Washington la opción de conformarse con la
estabilidad: un garante que ve a la líder con mayor respaldo convocando en las
calles tiene menos margen para aceptar una elección administrada. Para que esa
presión pese, debe sumar y no dividir. El gobierno ya eligió interlocutor
—Delcy Rodríguez recibió por primera vez a Dinorah Figuera en Miraflores
mientras estigmatizaba la marcha— y entre las dos vías opositoras se abrió una
cuña de fecha: Figuera habló de finales de 2027 o comienzos de 2028, y Juan
Pablo Guanipa, miembro de su mismo partido, la rechazó. La hoja de ruta de
Washington, con elección en 2027 y un árbitro sin poder sobre las candidaturas,
ofrece el terreno común. Calle y mesa no son alternativas: la mesa sin calle se
administra; la calle sin mesa se contiene con represión (si el garante lo
autoriza…).
Lo que decidirá noviembre
Los indicadores tienen fecha: el 3 de
noviembre, las elecciones de medio término; el 5, el vencimiento de la licencia
que protege a Citgo, que puede renovarse sin condiciones o con la primera
condición escrita; el 11, el cierre de las postulaciones, que dirá si los
miembros del Comité acceden a todos los expedientes y si el baremo se publica
antes de elegir; y entre el 11 y el 15, el cuarto ciclo, que dirá si el
gobierno suscribe en público la vacante y si las dos vías opositoras llegan con
un mismo criterio de fecha.
Washington ha dibujado el camino, pero el
primer paso sigue en Miraflores. Un plan cuyo arranque depende de la voluntad
de quien debe dejar el poder no es todavía una transición; es una invitación.
Lo que la convierte en obligación es lo mismo que sentó al gobierno a la mesa
en enero: que rechazarla cueste más que aceptarla. Y ese costo ya no lo fija
solo Washington; también lo fija la calle.
