La fragilidad del
Acuerdo Petrolero:Inversión,institucionalidad y la reconstrucción económica de
Venezuela
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Petrolero:Inversión,institucionalidad y la reconstrucción económica de Venezuela
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fragilidad del Acuerdo Petrolero:Inversión,institucionalidad y la
reconstrucción económica de Venezuela
Por Carlos Torrealba
septiembre 13, 2026
- El
punto de partida: ¿Por qué necesitamos inversión y con quién?
Venezuela se encuentra en un momento
decisivo de su historia económica. Para reactivar el país, recuperar los
servicios públicos y generar empleo, se necesitan inversiones gigantescas. Tras años
de parálisis, falta de mantenimiento y deterioro de las instalaciones, la
industria petrolera sigue siendo la principal palanca para financiar nuestra
reconstrucción y abrir paso a una economía moderna y diversificada.
Por razones operativas y geográficas,
Estados
Unidos es el comprador natural del petróleo venezolano. Las
refinerías del Golfo de México fueron diseñadas técnicamente para procesar el
crudo pesado y extrapesado que sale de nuestro suelo. Por lo tanto, restablecer
un comercio fluido y estable entre ambos países no es un asunto en discusión;
es una necesidad lógica para ambas partes.
Sin embargo, el Acuerdo Petrolero
anunciado a finales de agosto de 2026 entre la Casa Blanca y las autoridades
interinas de Venezuela plantea serias dudas sobre su estabilidad en el tiempo.
La razón de fondo es muy sencilla: los grandes capitales de las empresas
internacionales no invierten -ni mantendrán su dinero- en países que no
ofrezcan reglas de juego claras, transparentes y duraderas que protejan su
patrimonio.
Este artículo analiza en detalle qué
propone realmente ese acuerdo, cuáles son sus debilidades económicas y
técnicas, y por qué un pacto construido sobre la prisa política corre el riesgo
de convertirse en un arreglo pasajero y desfavorable, en lugar de ser el motor
de la recuperación nacional.
- ¿Qué
establece el Acuerdo de Agosto de 2026 y qué nos promete?
El esquema firmado en agosto propone
cambiar radicalmente la forma en que hemos manejado el petróleo en Venezuela.
En lugar del monopolio del Estado, se busca otorgar la gestión a un operador
privado controlado bajo tutela externa.
La pieza central de este modelo es
una empresa privada llamada North American Blue Energy Partners
(NABEP), a la que se le asigna el desarrollo y la transferencia de derechos
sobre 17
campos petroleros estratégicos. Estos campos contienen una
riqueza inmensa: aproximadamente 65.000 millones de barriles de reservas probadas
bajo tierra.
En el papel, las metas del acuerdo son muy ambiciosas:
- En primer lugar,
proyecta una intención de inversión que podría alcanzar hasta los 100.000
millones de dólares para reparar infraestructura y pozos.
- En
segundo lugar, busca llevar la producción de petróleo hasta los 1,5
millones de barriles diarios en el mediano y largo plazo. En tercer lugar,
las estimaciones oficiales afirman que el Estado venezolano podría
recaudar hasta 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías durante
un período de 25 años.
A primera vista, estas cifras suenan
rescatables para la economía nacional. Sin embargo, cuando se examina la letra
pequeña del contrato, aparecen serias asimetrías que comprometen los ingresos
del país.
- La
letra pequeña: Desventajas comerciales e ingresos sacrificados
La viabilidad económica de cualquier
contrato petrolero depende de cómo se vende el producto y quién se queda con la
ganancia. En este aspecto, las condiciones pactadas resultan
desfavorables para Venezuela en dos puntos clave:
El
primer punto crítico es la venta a costo. El acuerdo establece que el Departamento de Estado de
los Estados Unidos tiene el derecho de comprar el 20% de todo el petróleo
producido a precio de costo de producción. Esto significa que, sobre una quinta
parte de todo el crudo extraído, Venezuela no obtendrá ninguna ganancia
comercial. Si bien esto representa un gran beneficio de abastecimiento barato
para Washington, le quita al Fisco venezolano una fuente crucial de ingresos
marginales.
El
segundo punto crítico es el derecho de prioridad de compra. El 80% restante de la producción
queda reservado con prioridad para abastecer la Reserva Estratégica de Petróleo
de Estados Unidos. Al darle prioridad absoluta a un solo comprador, Venezuela
pierde la capacidad de colocar su petróleo en el mercado internacional mediante
licitaciones abiertas que permitan vender al mejor postor. Al limitar la
competencia entre compradores, se pierde poder para negociar mejores
precios.
A todo esto se suma la realidad de
las instalaciones: los campos petroleros recibidos están profundamente
deteriorados. Antes de ver ganancias reales, la operación exigirá gastar sumas
multimillonarias en reparaciones urgentes, lo que postergará la llegada de
beneficios económicos sustanciales para las arcas públicas.
- Control
corporativo, geopolítica y el cambio de rol en PDVSA
El Acuerdo de Agosto va mucho más
allá de un simple contrato de compra y venta de petróleo; se trata de
una estructura donde el control operativo y directivo queda concentrado en
manos extranjeras.
Dentro de la estructura directiva de
la empresa operadora (NABEP), la agencia gubernamental estadounidense Office of
Strategic Capital tendrá la facultad de vetar nombramientos clave en la junta
directiva. Además, se exige que la mayoría de los directores
sean ciudadanos estadounidenses, se establece un 35% de participación
accionaria de la matriz y se estipula que cualquier disputa legal se resolverá
en tribunales de Estados Unidos.
En el plano geopolítico, el objetivo
del pacto es evidente: desplazar a las empresas de países como China, Rusia e
Irán que habían ganado espacio en los últimos años. Con este
acuerdo, Estados Unidos se posiciona como el actor financiero, tecnológico y
comercial dominante en el sector energético venezolano. Sin embargo, el
traspaso de los 14 nuevos contratos asumidos bajo la plataforma de NABEP abre
la puerta a reclamos y pleitos judiciales internacionales por parte de las
empresas desplazadas o acreedores con deudas pendientes.
Frente a esta nueva arquitectura, el papel de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) sufre una transformación profunda:
Tradicionalmente, PDVSA operaba como un monopolio que decidía dónde invertir,
qué campos explotar y a quién venderle. Con el nuevo esquema, pasa a ser un
socio minoritario y un ente administrativo. Su función queda reducida a
mantener formalmente la propiedad del subsuelo, tramitar permisos y recibir de
forma pasiva la parte de los impuestos que le corresponda, dependiendo siempre
de las auditorías de costos que presente la empresa privada estadounidense.
- Los
obstáculos técnicos en el terreno y el problema de las reglas de juego
Llegar a la meta de producir 1,5
millones de barriles diarios no es un problema de promesas firmadas, sino de
realidades en el terreno. La industria petrolera venezolana enfrenta hoy
cuellos de botella técnicos de enorme magnitud:
- En primer lugar, el
sistema eléctrico nacional y las instalaciones de los puertos están
severamente deteriorados, lo que impide mover y exportar grandes volúmenes
de petróleo de forma rápida.
- En
segundo lugar, existe una escasez crítica de equipos especializados,
como taladros de perforación y maquinaria de mantenimiento, sumada a la
pérdida de personal técnico calificado.
- En tercer lugar está
el problema de los diluyentes. El petróleo de la Faja del Orinoco es muy
espeso y pesado; para poder moverlo por las tuberías y procesarlo, se
requiere mezclarlo constantemente con productos más livianos, como la
nafta. Sin una importación continua y garantizada de estos diluyentes, la
producción masiva se detiene por completo.
El
contraste con otras regiones y las dudas legales
Para entender la fragilidad del
acuerdo, resulta útil comparar nuestra situación con la del mundo árabe. Países
como las monarquías del Golfo Pérsico no tienen sistemas democráticos ni
elecciones competitivas. Sin embargo, poseen una continuidad institucional total. El
Estado y la familia gobernante operan como una sola entidad, ofreciendo un
entorno contractual seguro y predecible. El inversionista extranjero sabe que
los contratos se respetarán y que las disputas se resolverán en tribunales
arbitrales internacionales blindados de los vaivenes políticos.
Venezuela, lamentablemente, no ofrece hoy
ni una democracia plenamente consolidada ni reglas contractuales claras,
sumergiéndose en una inestabilidad que ahuyenta a las empresas serias de largo
plazo.
Además,
el acuerdo firmado plantea serios dilemas constitucionales:
El Artículo 12 de nuestra Constitución
establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público,
inalienables e imprescriptibles. Por su parte, el Artículo 303 resguarda el control
del Estado sobre la casa matriz de PDVSA. Entregar el control de la producción
y la comercialización exclusiva a entidades privadas extranjeras genera un
choque directo con las leyes venezolanas.
Asimismo, existen contradicciones
evidentes en los plazos: mientras voceros en Washington hablan de concesiones de
hasta 100 años, las autoridades locales mencionan plazos de 25 años.
Tampoco
se han hecho públicos los textos completos de los contratos, los mecanismos de
revisión de costos ni las fórmulas exactas de impuestos. Finalmente,
el esquema depende de licencias temporales emitidas por la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, las cuales pueden ser
modificadas o anuladas en cualquier momento según los giros políticos en
Washington.
- El
cálculo político de Washington y las perspectivas a futuro
El diseño de este pacto evidencia una
mirada de corto alcance por parte de la política exterior estadounidense. La Casa Blanca
ha buscado anotarse un logro rápido en materia energética para compensar
problemas internacionales y fortalecer su posición política de cara a las
elecciones legislativas de medio término de este mes de noviembre,
donde arriesga escaños clave en el Congreso.
Las grandes corporaciones petroleras
del mundo conocen bien estas dinámicas. Salvo excepciones puntuales como
Chevron -que prevé invertir más de 7.000 millones de dólares para elevar su
producción a 600.000 barriles diarios apoyándose en su presencia previa-, la mayoría de
los inversionistas serios sabe que un acuerdo firmado en condiciones de
debilidad e inestabilidad será revisado o modificado cuando el país recupere su
cauce democrático.
Al evaluar las posibilidades de éxito
de este acuerdo en el tiempo, el panorama se divide claramente:
- En el corto plazo (de 6 a 24
meses), las probabilidades de éxito son moderadas o bajas. Se
podrá lograr alguna estabilización en pozos activos, pero la falta de
electricidad, equipos, licencias estables y diluyentes frenará un
crecimiento significativo.
- En el mediano plazo (de 2 a 5
años), la probabilidad de avance es moderada, dependiendo de
si se ejecutan inversiones reales en infraestructura y se logra un marco
legal más sólido.
- En el largo plazo (de 5 a 25
años), la viabilidad del acuerdo es altamente incierta.
Ningún proyecto petrolero de un cuarto de siglo puede sostenerse sin la
validación de un gobierno legítimo, respaldado por la voluntad popular y
con contratos transparentes.
- Conclusión:
Las bases para una verdadera recuperación
El Acuerdo Petrolero de Agosto de
2026 no debe medirse por anuncios de prensa ni por números impresos en un
papel. Su verdadero valor debe juzgarse por resultados concretos: barriles
adicionales saliendo efectivamente de los puertos, inversiones reales ejecutadas
en el país, suministro garantizado de diluyentes, ingresos transparentes para
el Estado y protección del medio ambiente. Tener petróleo bajo tierra no sirve
de nada si no se puede extraer de manera eficiente, justa y rentable.
Para que el petróleo vuelva a ser una
bendición y el motor del desarrollo nacional, la política energética de
Venezuela debe sostenerse sobre tres pilares fundamentales:
El
primer pilar es la seguridad jurídica y las reglas claras. Necesitamos leyes estables que
protejan la inversión privada sin renunciar a nuestra soberanía ni violar la
Constitución.
El
segundo pilar es la transparencia y la auditoría. Todos los contratos, ventas y costos
deben ser públicos y fiscalizados, garantizando que la renta petrolera
beneficie equitativamente a todos los venezolanos.
El tercer pilar es la legitimidad democrática. Los acuerdos a largo plazo deben ser
respaldados e instituidos por autoridades electas democráticamente,
garantizando el reconocimiento y el blindaje internacional que solo da la
soberanía popular.
Venezuela dejará atrás esta etapa de
fragilidad. Cuando recobremos plenamente la normalidad institucional, el país
volverá a negociar de forma soberana con Estados Unidos y con el resto del
mundo. Lo haremos en igualdad de condiciones, bajo el principio
del respeto mutuo y buscando acuerdos de ganar-ganar que aseguren el bienestar
de nuestra gente y la protección de nuestro patrimonio.
Instagram y Facebook: @carlostorrealbarangel.
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Carlos Torrealba
Economista. Secretario Ejecutivo de la Fundación Plan
Estratégico de Caracas | @carlostorrealbarangel.
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