Repliegue táctico, reordenamiento geopolítico y continuidad autoritaria (I Parte)
I. Introducción: un punto de inflexión en clave geopolítica
El 3 de enero de 2026 marcó, según la narrativa aquí analizada, un punto de inflexión en la dinámica del poder en Venezuela: la presunta extracción de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de Estados Unidos y su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York alteraron abruptamente el equilibrio político interno y la relación bilateral con Washington. Más allá del hecho puntual, el acontecimiento se presenta como catalizador de una mutación política: no una transición democrática, sino un reacomodo estratégico orientado a preservar el control del Estado bajo nuevas condiciones internacionales.
Este ensayo sostiene que la élite gobernante habría optado por un repliegue táctico para asegurar su supervivencia, ajustando su discurso y su inserción geopolítica al reordenamiento global liderado por Estados Unidos. La hipótesis central es que el cambio no implicaría una democratización sustantiva, sino una reconfiguración del autoritarismo hacia formas más pragmáticas y resilientes.
II. Reordenamiento imperial y cálculo estratégico
El argumento se inscribe en la premisa de un mundo en reordenamiento imperial, donde las grandes potencias delimitan esferas de influencia y consolidan alianzas para preservar posiciones estratégicas. En este marco, Estados Unidos priorizaría la estabilidad hemisférica como parte de su política de seguridad nacional, reduciendo márgenes para alianzas extrarregionales consideradas adversarias.
Desde esta perspectiva, la dirigencia venezolana habría evaluado tres factores:
1. Limitación del respaldo externo efectivo. Potencias como China, Rusia o Irán difícilmente escalarían su apoyo más allá de declaraciones diplomáticas.
2. Asimetría de poder. La brecha militar, tecnológica y financiera con Estados Unidos haría inviable una confrontación abierta.
3. Riesgo sistémico. La permanencia en una lógica de desafío frontal podría acelerar sanciones, aislamiento y fracturas internas.
El resultado sería un giro pragmático: aceptar un tutelaje político-económico implícito a cambio de garantías de estabilidad y continuidad.
III. De la confrontación al repliegue: la lógica de la supervivencia
El desplazamiento del liderazgo personalista permitiría reconfigurar responsabilidades. La figura de Nicolás Maduro funcionaría como chivo expiatorio, facilitando una narrativa de corrección sin alterar la arquitectura del poder. La élite gobernante conservaría:
El control del aparato coercitivo.
La estructura judicial y fiscal.
La normativa restrictiva sobre libertades públicas.
Los mecanismos de inhabilitación política.
En términos comparados, esta dinámica se asemeja a procesos de autoritarismo adaptativo, donde el sistema introduce reformas económicas y ciertos gestos simbólicos para ganar legitimidad externa sin desmontar los pilares de dominación interna.
IV. Apertura económica y continuidad institucional
Uno de los ejes centrales de la mutación sería la apertura al capital internacional, especialmente en el sector energético. La reforma del régimen de hidrocarburos implicaría mayor participación privada y condiciones favorables a empresas extranjeras, evocando debates históricos sobre soberanía y concesiones durante el período de Juan Vicente Gómez.
Esta apertura buscaría:
Reactivar la economía.
Mejorar indicadores sociales básicos.
Desactivar presión ciudadana mediante estabilización material.
Sin embargo, el mantenimiento de la institucionalidad vigente —Ejecutivo, Asamblea Nacional, Poder Judicial y órgano electoral— consolidaría la continuidad del modelo político, ahora revestido de pragmatismo económico.
V. Reconfiguración de la oposición y cálculo electoral
La estrategia incluiría la gestión diferenciada de la oposición: una parte funcional al sistema y otra cooptada, reduciendo capacidad de articulación alternativa. En este contexto, la figura de María Corina Machado aparece como actor potencialmente desestabilizador, en la medida en que simboliza la demanda de transición democrática plena.
La aprobación de una ley de amnistía —interpretada como mecanismo de protección institucional antes que reparación integral— reforzaría la cohesión interna del bloque gobernante y enviaría señales de “normalización” al entorno internacional.
El horizonte electoral hacia 2030 se proyectaría bajo condiciones reguladas que preserven la correlación de fuerzas favorable al oficialismo, configurando un esquema de autoritarismo competitivo más que una democracia liberal.
VI. La dimensión internacional: alianza estratégica y estabilidad hemisférica
En el plano externo, la narrativa sugiere una convergencia con la administración estadounidense encabezada por Donald Trump, basada en estabilidad energética y contención geoestratégica. El acuerdo tácito respondería a intereses mutuos:
Para Washington: asegurar suministro y limitar presencia de rivales globales.
Para Caracas: obtener reconocimiento de facto y aliviar presión internacional.
Esta relación no implicaría afinidad ideológica, sino convergencia pragmática en torno a estabilidad y seguridad.
VII. Mutación política o transición democrática
La categoría clave es mutación política: un proceso de transformación instrumental que modifica formas sin alterar la esencia del poder. Inspirada en la lógica del “gatopardismo” —cambiar algo para que nada cambie—, la estrategia buscaría:
Reconfigurar liderazgos.
Ajustar alianzas internacionales.
Introducir reformas económicas.
Mantener intacto el monopolio político.
Desde esta perspectiva, no se observan señales estructurales de transición hacia una democracia plena: continúan restricciones a la competencia equitativa, limitaciones a la libertad de expresión y predominio del Ejecutivo sobre los demás poderes.
VIII. Conclusión: estabilidad, pragmatismo y expectativas sociales
El proceso descrito revela una tensión entre estabilidad y democratización. La mutación política podría generar mejoras económicas relativas y cierto alivio internacional, pero sin transformar la naturaleza autoritaria del sistema.
En el plano social, persiste una expectativa mayoritaria de cambio. La interrogante es si la mejora material bastará para desplazar la demanda de derechos políticos o si, por el contrario, la estabilización abrirá nuevos espacios de articulación democrática.
En suma, la mutación en curso parece responder a un cálculo estratégico de supervivencia en un contexto geopolítico adverso. No constituye, al menos en esta primera fase, una transición sistémica hacia la democracia, sino una reingeniería del poder destinada a asegurar continuidad bajo nuevas coordenadas internacionales.
20/02/26


