LA TRANSICIÓN SECUESTRADA: Geopolítica de la expoliación y el dilema de la movilización popular
"Sin movilización popular no habrá victoria final."
Abordar la compleja encrucijada política, económica y social que vive Venezuela en este proceso de supuesta transición —desencadenado tras el quiebre de facto del régimen chavista— exige sacudirse las ilusiones ópticas y mirar la realidad con rigor analítico. Lejos de vislumbrar un camino claro hacia la restitución democrática, el país asiste a una reconfiguración del poder donde los intereses imperiales y la supervivencia de la nomenklatura local se entrelazan en detrimento de las grandes mayorías.
Los hechos son tiranos y hablan por sí solos. Tras la incursión y operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, que culminó con la extracción de Nicolás Maduro y su traslado a territorio estadounidense, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia a medida. En ella se designó a la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada, amparándose en una supuesta «ausencia forzosa» que carece por completo de sustento en las causales de ausencia taxativas previstas en la Constitución Nacional.
1. La institucionalidad pisoteada y la prolongación de la usurpación
El mandato constitucional es inequívoco: la figura de la encargaduría presidencial tiene un límite improrrogable de 180 días. Cumplido ese plazo el pasado 3 de julio, la Asamblea Nacional estaba en la obligación ineludible de declarar la falta absoluta y convocar a elecciones presidenciales. Al ignorar olímpicamente este mandato, la administración de Delcy Rodríguez incurre en una flagrante usurpación de funciones, avalada de forma tácita y conveniente por el pragmatismo de Washington.
2. La ruta tutelada y el espejismo de la estabilidad
Desde el primer día, la Casa Blanca —con el secretario de Estado Marco Rubio a la cabeza en su rol de tutor de este heterodoxo interinato— trazó una hoja de ruta con tres supuestos hitos: estabilización política, recuperación económica y, en un horizonte difuso, comicios electorales. Sin embargo, a casi un año de aquellos sucesos de enero, el único engranaje que marcha a velocidad de crucero es el de los megaacuerdos energéticos y mineros impuestos bajo presión geopolítica.
Mientras el propio presidente Donald Trump alardea de que el control sobre los recursos venezolanos ha reportado inmensas ganancias financieras a las arcas norteamericanas —superando con creces los costos de sus campañas militares en el exterior—, el pueblo venezolano sigue sumergido en una crisis humanitaria exasperante. Queda al descubierto una cruda verdad: para la Casa Blanca, la prioridad geoenergética y la rentabilidad corporativa pesan infinitamente más que la urgencia democrática de los venezolanos.
3. Neocolonialismo de chequera y miseria social
Diez meses después del quiebre de enero, la ecuación social en la calle es lapidaria: los pobres son más pobres, los servicios públicos colapsan de manera sistemática, los salarios pulverizados siguen a la cola del planeta y la inflación asfixia los hogares. La política exterior de Washington hacia Venezuela opera bajo un esquema de corte netamente neocolonial, donde la retórica de la libertad choca con la cruda praxis de la expoliación de riquezas. Se despliega una dominación donde el petróleo fluye hacia el norte mientras la miseria se instala crónicamente en el sur.
4. La mutación de las promesas y el chantaje del tiempo
Las promesas iniciales del Departamento de Estado —que auguraban comicios para 2027 previo reordenamiento de los poderes públicos— han sufrido una mutación calculada. Tras el revés electoral de los comicios de mitad de término (midterms) en Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio sinceró la postura de la administración en una entrevista con The New York Times. Rubio condicionó la realización de elecciones a una lista de prerequisitos estructurales: renovación a fondo del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE), reestructuración de la deuda externa —que supera los 200.000 millones de dólares— y una reforma profunda de las fuerzas de seguridad.
Lo más grave no es solo la imposición de nuevas alcabalas institucionales, sino que el jefe de la diplomacia estadounidense evitó deliberadamente garantizar que las elecciones se concreten antes de que culmine el actual mandato de Donald Trump. Con esto, el calendario electoral se convierte en un chicle elástico al servicio de los intereses temporales de la Casa Blanca.
5. ¿Por qué le conviene el statu quo a la superpotencia?
La conclusión política es ineludible: a los centros de poder de EE. UU. no les conviene un gobierno genuinamente democrático surgido del voto soberano de los venezolanos. Un gobierno legítimo, con anclaje popular y autonomía constitucional, tendría la potestad moral y legal de revisar, auditar y declarar lesivos a la nación los leoninos contratos y convenios suscritos por una cúpula sin legitimidad democrática.
Para los intereses imperiales y las corporaciones transnacionales, resulta mucho más funcional una élite local domesticada, débil y obediente de facto —pero dispuesta a entregar los recursos a cambio de impunidad y supervivencia política— que un poder soberano dispuesto a hacer valer la legalidad republicana. Mantener a la cúpula usurpadora en el poder el mayor tiempo posible se ha convertido en la póliza de seguro del neoextractivismo.
6. Las dos palancas de alteración del tablero
En este escenario de dominación compartida entre el poder imperial y los herederos del rentismo chavista, solo dos factores dinámicos tienen la fuerza real para romper el inmovilismo:
- El factor legislativo internacional (El Congreso de EE. UU.): A partir de enero, la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense —modificada tras las elecciones de medio término— podría ejercer funciones estrictas de control político, exigiendo transparencia sobre los términos lesivos de los convenios petroleros e incrementando la presión para forzar un cronograma electoral certero.
- El factor interno (La movilización social y la oposición democrática): Este es el elemento decisivo. Encabezado por liderazgos como el de María Corina Machado, el bloque democrático tiene la responsabilidad histórica de encabezar la presión social en la calle. Si se confía pasivamente en la buena voluntad de las diplomacias extranjeras, el fantasma de unas elecciones diferidas hacia el año 2030 se materializará, consolidando una transición perpetua.
Síntesis final
En Venezuela asistimos a un parto histórico: un país que clama por nacer en libertad y democracia, obstaculizado por una amalgama de intereses imperiales, mafias económicas transnacionales y operadores internos que se aferran a las migajas del poder.
La historia es implacable en sus lecciones: ninguna libertad se regala desde los despachos imperiales ni se negocia en mesas de élites. Solo un pueblo consciente, organizado, movilizado en las calles y imbuido de un profundo sentido nacionalista podrá impedir que esta gran aspiración democrática sea liquidada y convertida en una vulgar transacción mercantil entre cúpulas de medianoche
06/11/2026
