sábado, 19 de septiembre de 2026

EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA.

EL VERDADERO PROPÓSITO DE LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN VENEZUELA. ( CONVERSANDO CON PERPLEXITY ).

elkabudari : Estados unidos intervino militarmente en Venezuela el 3 de enero de 2026 y extrajo a Nicolás Maduro y lo llevo a territorio norteamericano para un juicio por distintos delitos, ahora bien, la pregunta es la siguiente en función del contexto anteriormente descrito: esa intervención se basa en la Nueva Política de Seguridad Nacional promulgada en diciembre de 2025 ? En ese operativo se aplican los manuales ADP del ejercicio norteamericano ? Esa intervención en realidad es para asegurar los recursos energéticos que posee Venezuela y necesita EE.UU. ? Gracias

PERPLEXITY: La intervención militar estadounidense del 3 de enero de 2026 en Venezuela —denominada «Operación Resolución Absoluta»— se enmarca explícitamente en la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de noviembre/diciembre de 2025, que reorienta la política exterior de EE. UU. hacia el hemisferio occidental bajo un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe. Respecto a los manuales ADP (Army Doctrine Publications), la operación combinó inteligencia, guerra electrónica, apoyo aéreo cercano y una incursión de fuerzas especiales (Delta Force + 160.º SOAR), lo cual es coherente con la doctrina conjunta y del Ejército de EE. UU. (p. ej., ADP 3-0 Operaciones, ADP 3-05 Operaciones Especiales, ADP 3-09 Fuegos), aunque los comunicados oficiales no citan textualmente esos manuales. Sobre la motivación energética: múltiples análisis y declaraciones posteriores señalan que, más allá de los cargos por narcoterrorismo, la operación abrió el camino a un acuerdo petrolero histórico (septiembre 2026) que otorga a EE. UU. control operativo sobre ~65 mil millones de barriles (≈20% de las reservas venezolanas), lo que sugiere que la seguridad energética fue un objetivo estratégico de fondo.�

1) ¿Se basa en la Nueva Política/Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre 2025?

Sí, y de forma explícita. La NSS 2025 (documento de 33 páginas) establece como prioridad el hemisferio occidental, reintroduce un enfoque de preeminencia regional («Corolario Trump» a la Doctrina Monroe) y define amenazas clave como migración, crimen transnacional (narcotráfico) y competencia de actores no hemisféricos (China, Rusia, Irán). El texto dispone:�

Reajustar presencia militar global para abordar amenazas urgentes en el hemisferio.

Usar la Guardia Costera y la Marina para controlar rutas, frustrar migración ilegal y reducir tráfico de drogas.

Despliegues selectivos para «derrotar cárteles», incluyendo «uso de fuerza letal» cuando sea necesario.

Asegurar o ampliar acceso en ubicaciones estratégicamente importantes.�

Analistas describen la operación del 3 de enero como «una clara manifestación de la reciente estrategia de seguridad nacional» y del relanzamiento de la Doctrina Monroe en el hemisferio. Además, la justificación oficial de Washington fue la lucha contra el «narcoterrorismo» y el crimen transnacional, encajando con los ejes de la NSS.�

2) ¿Se aplican los manuales ADP del Ejército de EE. UU. en esa operativa?

La descripción operativa coincide con la doctrina militar estadounidense, aunque no hay una mención pública de «ADP X» en los comunicados:

Tipo de operación: incursión de acción directa, asalto aéreo, apoyo aéreo cercano, extracción de alto valor.�

Fuerzas empleadas: Delta Force (~200 efectivos), 160.º SOAR (helicópteros MH-60/MH-47), paquete de supremacía aérea (F-35, F-22, F/A-18, EA-18G, B-1B), inteligencia/vigilancia (RC-135, E-2, E-3, RQ-170), y guerra electrónica para neutralizar mando y control.�

Doctrina afín: esto se alinea con ADP 3-0 (Operaciones), ADP 3-05 (Operaciones Especiales), ADP 3-09 (Fuegos), ADP 3-37 (Protección) y la doctrina conjunta de operaciones especiales (JSOU/JP 3-05), que prevén integración de inteligencia, supresión de defensas aéreas, fuego de precisión y extracción rápida.�

En resumen: la ejecución refleja los principios de los manuales ADP y la doctrina conjunta, aunque la administración no los citó nominalmente en sus anuncios.

3) ¿La intervención busca asegurar recursos energéticos que EE. UU. necesita?

Existe evidencia sólida de que la seguridad energética fue un motor estratégico, aunque la justificación inmediata fue judicial (narcoterrorismo):

Contexto previo: desde 2025 EE. UU. intensificó interdicción naval contra buques con crudo venezolano y, al mismo tiempo, expresó interés en la «recuperación y reconstrucción» de la industria petrolera venezolana con inversión privada una vez hubiera estabilidad.�

Declaraciones y acuerdos posteriores: en septiembre de 2026, el secretario de Energía Chris Wright supervisó en Caracas acuerdos con Chevron y Eni tras un pacto que otorga a EE. UU. control del 20% de las reservas venezolanas.�

Detalles del acuerdo: EE. UU. asegura acceso privilegiado a ~65.000 millones de barriles en 17 bloques, con concesiones por 100 años operadas a través de North American Blue Energy Partners (NABEP), y participación del Pentágono en la nueva estructura empresarial.�

Motivación declarada: reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), reducir dependencia de Medio Oriente y blindar el suministro ante crisis (p. ej., guerra de Irán).�

Por tanto, aunque el discurso oficial priorizó la lucha antidrogas y la rendición de cuentas, la arquitectura posterior (acuerdos, control operativo, SPR) indica que la intervención también sirvió para asegurar recursos energéticos estratégicos para EE. UU.�

Matices importantes

Legalidad internacional: múltiples organismos y editoriales calificaron la acción como uso ilegal de la fuerza según la Carta de la ONU, al no mediar ataque armado contra EE. UU. ni mandato del Consejo de Seguridad.�

Complicidades internas: investigaciones periodísticas señalan que funcionarios venezolanos facilitaron la entrega de Maduro, lo que hizo viable la operación «quirúrgica».�

Impacto político: tras la captura, Delcy Rodríguez asumió como «presidenta encargada», se reabrieron canales diplomáticos y se relajaron sanciones energéticas, sentando las bases del acuerdo petrolero de 2026.�

PERPLEXITY: Si quieres, puedo preparar un esquema cronológico (agosto 2025 → enero 2026 → septiembre 2026) que muestre cómo la NSS 2025, la operación y el acuerdo petrolero se encadenan paso a paso.

elkabudari: por favor, presenta el esquema cronológico al cual haces referencia.

Aquí tienes el esquema cronológico paso a paso que conecta la Estrategia de Seguridad Nacional (nov-dic 2025), la intervención del 3 de enero de 2026 y el acuerdo energético de agosto-septiembre 2026.�

2024 — Antecedentes políticos y judiciales

28 jul 2024: Elecciones presidenciales en Venezuela; Maduro declara victoria, la oposición y varios países cuestionan los resultados.�

2 sep 2024: EE. UU. confisca el avión oficial de Maduro bajo sanciones vigentes.�

19 sep 2024: Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo.�

24 oct 2024: Putin afirma que Maduro ganó; se consolida la fractura internacional.�

2025 — Escalada militar y doctrina de seguridad

10 ene 2025: Maduro jura para un tercer mandato.�

Abr 2025: Maduro decreta emergencia económica; acusa endurecimiento de sanciones y política arancelaria de EE. UU.�

28 jul 2025: Chavismo amplía dominio en alcaldías tras elecciones municipales cuestionadas.�

7 ago 2025: Fiscalía General de EE. UU. ofrece US$50 millones por información que lleve al arresto de Maduro.�

19 ago 2025: EE. UU. desplaza >4.000 efectivos al Caribe cerca de Venezuela (Operación Lanza del Sur).�

2 sep 2025: Primer ataque de EE. UU. a embarcación en el Caribe; Washington anuncia campaña antidrogas que, a 2 ene 2026, habría destruido ~35–40 embarcaciones y causado >100 muertos según recuentos de prensa.�

11 nov 2025: Maduro crea «comandos de defensa integral» ante «amenaza» de intervención.�

24 nov 2025: EE. UU. designa al Cartel de los Soles como organización terrorista; Maduro lo rechaza como pretexto.�

29 nov 2025: Trump advierte que el espacio aéreo de Venezuela podría cerrarse totalmente.�

10 dic 2025: EE. UU. intercepta y confisca un petrolero frente a costas venezolanas.�

16 dic 2025: Trump ordena bloqueo total de petroleros sancionados que entren/salgan de Venezuela.�

Nov–Dic 2025: Casa Blanca publica la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) 2025 (documento de 33 páginas), con énfasis en el hemisferio, migración, crimen transnacional y «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe.�

2026 — Intervención, sucesión y ruta judicial

3 ene 2026 (madrugada): EE. UU. ejecuta «Operación Resolución Absoluta»: bombardeos en Caracas, Miranda y La Guaira; captura de Maduro y Cilia Flores en Fuerte Tiuna; traslado a Nueva York.�

3 ene 2026 (tarde): Aterrizaje en base Stewart (NY); Maduro ingresa a detención federal.�

5 ene 2026: Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada tras declaración de «falta temporal» por el TSJ.�

19 feb 2026: Asamblea Nacional aprueba Ley de Amnistía; excarcelan al menos 110 presos políticos.�

30 mar 2026: Reapertura de embajada de EE. UU. en Caracas; relajación parcial de sanciones petroleras.�

23 abr 2026: Rodríguez anuncia fin de aplicación de la Ley de Amnistía; ONG reportan aún cientos de presos políticos.�

3 jul 2026: Expira el plazo máximo constitucional (180 días) para «falta temporal»; constitucionalistas señalan vacío de cobertura expresa para el mandato de Rodríguez.�

22 jul 2026: Juez federal Alvin Hellerstein fija inicio del juicio contra Maduro para 1 jun 2027; vista de mociones previas (inmunidad) el 17 nov 2026.�

2026 — Acuerdo energético y consolidación del objetivo estratégico

29 ago 2026: Se anuncia macroacuerdo petrolero EE. UU.–Venezuela: compañías estadounidenses obtienen control operativo mayoritario de >20% de reservas (~65.000 millones de barriles en 17 campos), con inversión extranjera >US$100.000 millones.

1–5 sep 2026: Secretario de Energía Chris Wright supervisa en Caracas firma de acuerdos con Chevron, Eni y otras; se crea estructura con participación de NABEP y se mencionan concesiones de hasta 100 años.

Sep 2026: Producción venezolana sube a 1,23 millones de bpd (máximo desde feb 2019); se reforma Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar seguridad jurídica a capital extranjero y reducir monopolio de PDVSA.

Contexto geopolítico: Acuerdo impulsado por crisis global (guerra de Irán, bloqueo en Ormuz), caída de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU. al 41% y presión inflacionista por energía; Washington busca estabilizar mercados y asegurar suministro hemisférico.

Cómo se encadenan NSS → Intervención → Energía

NSS 2025 define prioridades hemisféricas, crimen transnacional y uso de fuerza letal selectiva; crea el marco político-militar para actuar.�

3 ene 2026 materializa esa doctrina con una operación de acción directa contra la cúpula venezolana, justificada como lucha contra narcoterrorismo.�

Ago–sep 2026 cierra el círculo estratégico con un acuerdo que otorga a EE. UU. acceso privilegiado a reservas venezolanas, cumpliendo objetivos de seguridad energética planteados implícitamente en la reorientación hemisférica.

Si quieres, puedo convertir este esquema en una línea de tiempo visual (por meses) o añadir hitos diplomáticos (ONU, OEA, posiciones de Brasil/México/Colombia) para ver cómo evolucionó el respaldo o rechazo regional.

NOTA : ESTA INTERACCIÓN CON LA IA PERPLEXITY FUE REALIZADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

sábado, 12 de septiembre de 2026

EL GRAN ROBO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO.

Entrevista

Así se fraguó el acuerdo Trump-Delcy de apropiación del crudo venezolano

Una parte del petróleo venezolano se entregará a Washington a precio de costo en virtud de un contrato que nadie quiere publicar

por Aman Sethi

Así se fraguó el acuerdo Trump-Delcy de apropiación del crudo venezolano — Un monumento en homenaje a la lucha del pueblo venezolano por la conquista de su petróleo | LUIS ROBAYO/AFP/Getty Images

Published:September 10, 2026, 3:56 pm

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Nueve meses después de que Estados Unidos secuestrara al presidente venezolano Nicolás Maduro, Washington afirma haber acordado con Caracas hacerse de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela.

Pero no se trata de un acuerdo comercial internacional al uso, sino estructurado a través de una empresa privada con sede en Barbados, propiedad de un empresario requerido por la justicia de varios países, en la que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene una participación del 35%.

Entrevistamos a Francisco Rodríguez, profesor y economista venezolano y autor de The Collapse of Venezuela: Scorched-Earth Politics and Economic Decline (El colapso de Venezuela: política de tierra quemada y declive económico). Rodríguez desentraña los entresijos de este acuerdo de 100.000 millones de dólares, explicando por qué las grandes petroleras brillan por su ausencia y por qué Venezuela está enviando 40.000 barriles de petróleo a EEUU a precio de costo.

La siguiente es una síntesis de la entrevista que se puede escuchar completa (en inglés) en el último episodio del podcast In Solidarity de openDemocracy.

¿Podría explicar qué significa este acuerdo y si esta es la forma en la que se suelen cerrar los acuerdos petroleros en Venezuela?

Primero, un poco de contexto. Venezuela estuvo sometida a sanciones petroleras de EEUU entre 2019 y este año. Las sanciones siguen formalmente en vigor, pero EEUU las ha ido flexibilizando. Luego de llevar a cabo una operación militar para capturar a Maduro, EEUU decidió intentar forjar una “relación de cooperación” con el gobierno de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Maduro. Todo este contexto sirve para entender lo que está sucediendo con la industria petrolera del país. Cuando Estados Unidos dice “ahora pueden volver a vendernos petróleo”, en realidad, obliga a Venezuela a vender ese petróleo a través de EEUU. Así que EEUU decide quién compra el petróleo, y el dinero va a parar a cuentas gestionadas por EEUU.

Lo que Washington intenta es vender la idea de que ahora van a “ayudar a que el sector petrolero venezolano se recupere”. Es un país que tiene las mayores reservas de petróleo, pero solo extrae el 1% de la producción mundial.

En enero, unos días después de la operación militar contra Maduro, Donald Trump convocó a muchos ejecutivos de la industria petrolera a la Casa Blanca y les dijo: “Quiero que inviertan en Venezuela”. Muchos de estos ejecutivos respondieron: “Bueno, no estamos seguros. Tenemos que pensar detenidamente cuáles son las condiciones”. Uno de ellos llegó a decir: “Este país es realmente inviable para invertir en las condiciones actuales”.

Y ahora tenemos el anuncio de este plan, que promete que Venezuela va a recibir 100.000 millones de dólares en inversión petrolera. Eso es lo que la mayoría de los expertos dicen que se necesita para que Venezuela vuelva a producir lo que producía antes de las sanciones, en 2016, unos 2,5 millones de barriles. Ahora produce 1,2 millones.

Suena genial. Pero analicémoslo con más detalle. Trump en realidad dice dos cosas casi al mismo tiempo: que Venezuela va a recibir 100.000 millones de dólares de inversión en el sector petrolero, pero que esto no le va a costar ni un céntimo a los contribuyentes estadounidenses.

Así que EEUU no va a pagarlo, y Venezuela está en bancarrota, así que tampoco va a pagarlo. ¿Quién lo va a pagar? Uno pensaría que las grandes petroleras, Chevron, Exxon, Conoco. Pero ellas no aparecen por ningún lado en el acuerdo. Chevron, una empresa que ya opera en Venezuela, anunció su propio acuerdo, va a invertir 7.000 millones de dólares que, para una gran empresa como Chevron, es relevante.

Entonces, ¿de dónde van a salir esos 100.000 millones? Los va a aportar una empresa con sede en Barbados, que se creó hace solo unos años y que nunca ha operado fuera del sector petrolero venezolano [North American Blue Energy Partners]. ¿De dónde va a sacar esta empresa esa suma? Quién sabe. La empresa, que opera actualmente y produce unos 200.000 barriles, es propiedad de un empresario que no goza de la mejor reputación. Se llama Alejandro Betancourt, conocido por conseguir miles de millones de dólares en contratos sin licitación del gobierno de Hugo Chávez para construir centrales eléctricas, de las cuales al menos una nunca se terminó. [Cuando se anunció el acuerdo, Estados Unidos, Suiza y España tenían abiertas investigaciones judiciales contra Betancourt]. Y está ofreciendo a EEUU una participación de 35% en su empresa.

Así que el Departamento de Guerra de EEUU va a ser propietario del 35% de esa empresa, y también va a tener derecho a comprar, a precio de costo, el 20% de la producción de la empresa. Ese es el acuerdo.

¿Por qué está haciendo esto Estados Unidos? Una interpretación dice que no pudieron conseguir que las grandes petroleras se sumaran. La otra es que EEUU está prometiendo algo que no le cuesta nada, ni siquiera está prometiendo que vaya a aportar 100.000 millones. Está diciendo que Betancourt va a aportar 100.000 millones.

La Casa Blanca publicó un comunicado en el que decía que los barriles de petróleo venezolano van a empezar a llegar a las reservas de EEUU a partir de noviembre. Trump ya había dicho que iban a reponer la Reserva Estratégica de Petróleo de EEUU con crudo que era un “regalo” de Venezuela.

Para que el petróleo pueda estar en EEUU en noviembre, Venezuela enviará 40.000 barriles a EEUU a precio de costo. Eso supone una pérdida de unos 500 millones de dólares al año para Venezuela. ¿Qué obtiene Venezuela a cambio? La promesa de que alguien va a aportar 100.000 millones de dólares a Betancourt para que pueda invertir en el sector petrolero.

Así que este acuerdo es un completo error desde el punto de vista económico.

¿Y hasta qué punto es legal?

Venezuela ocupa el puesto 143 de 143 países en cuanto al estado de derecho, según el World Justice Project. Así que preguntarse qué es legal o no en un país que carece de Estado de Derecho es casi como una cuestión teológica.

Las leyes las interpretan los tribunales, pero los tribunales están controlados por el gobierno. Dicho esto, hay que pensar cuál es el riesgo de que un futuro gobierno llegue al poder y diga “esto no se hizo de acuerdo con la ley. Vamos a revertirlo”.

El artículo 150 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el acuerdo. Por cierto, la Asamblea Nacional está controlada en un 90% por el gobierno, así que podrían haber llevado el acuerdo ante la Asamblea Nacional. No lo hicieron, porque entonces tendrían que publicar el contrato, y no quieren publicarlo.

Hay una serie de problemas más. De todas las diferentes leyes que se han infringido, es importante el artículo 39 de la Ley de Hidrocarburos, que establece que los contratos en el sector petrolero deben adjudicarse mediante licitación pública competitiva. Aquí no hubo licitación pública competitiva. Ese artículo también dice que se pueden hacer excepciones en circunstancias especiales. ¿Renunciar al 20% de la riqueza petrolera del país se puede considerar una excepción? Eso va en contra de la naturaleza básica del concepto de excepción.

¿A qué le huele este acuerdo, entonces?

Huele a que Trump dijo: “Quiero hacer algo con los precios de la gasolina antes de las elecciones de mitad de mandato (en noviembre) y quiero decir que estoy obteniendo parte de este petróleo de Venezuela”.

En su último libro compara el estudio de la economía venezolana con ser especialista en enfermedades raras. ¿Cuál es su análisis del régimen que está en el poder?

Esta pregunta te obliga a pensar en cómo hemos llegado hasta aquí, tras aproximadamente un cuarto de siglo de polarización muy profunda. Hugo Chávez, que llegó al poder en 1999, era un político populista y popular. Y, como muchos políticos populistas, su mensaje fue “la gente está harta de la vieja política. Se necesita un cambio. Hay que refundar la república”. Y eso convenció a mucha gente. Consiguió un claro mandato electoral. Reformó la Constitución.

Hizo lo que muchos líderes con una inclinación autoritaria hacen en esas circunstancias: “como tenemos que cambiar esto, denme más poder”. Con esa reforma constitucional, convirtió la presidencia venezolana en un poder absoluto y marcó el rumbo de la política venezolana durante el siguiente cuarto de siglo, porque creó un sistema político de ‘el ganador se lo lleva todo’, en el que la oposición quedaba completamente al margen.

Así que la oposición organizó en 2002 (Chávez llevaba solo tres años en el cargo) un golpe de Estado contra él, que fracasó. Cuando tienes ese tipo de política de el ganador se lleva todo, los políticos asumen riesgos muy elevados porque no tienen nada que perder.

He sido muy crítico con muchas cosas que hizo Chávez, pero también reconozco que hubo algunas cosas positivas. Sin duda era alguien que buscaba formas de aumentar los beneficios procedentes de las rentas del petróleo para la mayoría de los venezolanos. Y que las mayorías desfavorecidas, que habían sido excluidas de la vida social, económica y política en muchos sentidos, tuvieran voz.

También hizo muchas cosas muy mal. Vivió un enorme auge petrolero. Gastó gran parte de ese dinero. Llevó al país al endeudamiento. Contrató a gente como Alejandro Betancourt… Esto generó una profunda polarización. Y luego murió Chávez, y quedó Maduro. La economía empezó a ir mal, luego a Maduro le empezó a ir mal en las urnas, y se volvió más represivo porque la oposición le estaba pisando los talones. Y entonces, la oposición acude a EEUU, y EEUU empieza a imponer sanciones que perjudican a la industria petrolera, y esto conduce a una enorme caída de la producción, así que, en la práctica, provoca una catástrofe económica.

Así acabamos en esta trampa, que es lo que en mi libro denomino ‘la trampa del conflicto político económicamente destructivo’.

Y entonces, Trump decide enviar fuerzas especiales, captura a Maduro y decide que va a gobernar el país con la gente que está allí. ¿Cómo lo hace? Lo que sabemos, y lo que él mismo ha dicho, es que le puso una pistola en la cabeza a Delcy Rodríguez. También sabemos que Delcy Rodríguez está cumpliendo con todo lo que Trump le pide. ¿Lo hace porque tiene una pistola en la cabeza, o porque en realidad esto la beneficia y así puede mantenerse en el poder? Probablemente ambas cosas.

¿Qué piensa del papel que desempeñaron las sanciones?

Es una cuestión a la que he dedicado mucha investigación. No es una pregunta fácil de responder porque hay muchos factores y, sin duda, hubo mucha mala gestión y políticas económicas deficientes, así que hay que separar los efectos de esas políticas deficientes del efecto de las sanciones.

Según mis estimaciones, aproximadamente la mitad de la contracción económica de Venezuela durante el periodo de colapso, entre 2012 y 2020, puede atribuirse a las sanciones.

En otras palabras, se trata de un país que, de no haber habido sanciones, habría atravesado una grave crisis; según mis estimaciones, habría registrado una caída del PIB del 36%, pero no del 71% como la que tuvo. Esa caída del 36% está en línea con otros colapsos generados por episodios similares de una aplicación prolongada de malas políticas, particularmente en América Latina.

Todos siguen un patrón muy similar al de Venezuela. Hay una economía dependiente de las materias primas; hay un periodo en el que se acumulan desequilibrios bastante profundos. Hay controles de precios y de cambio. Se empiezan a registrar altos niveles de deuda. El país empieza a entrar en un déficit por cuenta corriente a pesar de haber experimentado un auge significativo. Empiezas a observar altos niveles de fuga de capitales y, a continuación, se produce una caída del precio de la materia prima, como la que se produjo entre 2014 y 2016. Ahí es cuando se produce esta profunda crisis económica.

Eso es lo que ocurrió en Venezuela entre 2012 y 2016, los tres primeros años de Maduro en el poder. En 2017 la mayoría de las previsiones económicas apuntaban hacia una recuperación. Porque los precios del petróleo habían caído de 100 a 30 dólares, y luego se habían recuperado hasta situarse en 50 o 60 dólares. En esa situación, la economía se estabiliza y luego empieza a recuperarse. Eso no es lo que ocurrió en Venezuela. la economía siguió contrayéndose a un ritmo cada vez mayor: ese año se empezaron a imponer las sanciones.

Estas sanciones no surgieron de la nada; formaban parte de una estrategia política de la oposición, que estaba reaccionando ante las cosas que Maduro estaba haciendo, que eran muy malas, muy perversas y muy autoritarias.

Se utilizaron muchos instrumentos. La primera administración de Trump decidió reconocer a Juan Guaidó, un diputado de la oposición, como presidente legítimo de Venezuela. EEUU nunca había reconocido a alguien, sin control de facto sobre el territorio, como presidente de un país.

Como consecuencia de ello, todos los activos en el extranjero del país, incluidos todos los activos de PDVSA, la empresa petrolera estatal, fueron transferidos a la gestión de Guaidó o de sus funcionarios designados. Eso significó que el país ya no tenía acceso a sus fondos, porque fueron entregados a la oposición.

Todo esto hizo que fuera imposible para el gobierno llevar a cabo incluso la política económica más básica.

Los políticos venezolanos se posicionan tanto del lado del gobierno de Maduro como de la oposición. Empiezan a acudir a sus poderosos aliados internacionales. En el caso de la oposición, se trataba de EEUU, que, de hecho, sí ayudó a la oposición. Pero en política no hay nada gratis. Así que adquieres un compromiso cuando cuentas con una potencia externa como esa que te está ayudando. Y eso significa que no puedes cuestionar lo que esa potencia está haciendo en tu país, porque, en esencia, dependes de ella.

La principal líder opositora, María Corina Machado, a quien en muchos sentidos respeto, incluso le entregó su Premio Nobel a Donald Trump. Esto es el típico pacto faustiano que nunca acaba bien.

María Corina Machado realizó una gira el año pasado que la llevó a la Casa Blanca, para intentar convencer a la administración de Trump de que Venezuela era una oportunidad de negocio tan fantástica que, si se derrocaba a Maduro, Estados Unidos se beneficiaría de enormes acuerdos petroleros. Y prometió privatizar el sector petrolero estatal, tal y como está haciendo Delcy Rodríguez.

En su libro también habla del hecho de que, aunque Venezuela se presenta como una excepción en la política convencional, en muchos sentidos es casi como una veleta que te indica hacia dónde va la política. ¿Qué nos dice este momento de Venezuela?

Me encantaría estar equivocado, pero Venezuela podría estar poniendo en marcha un modelo que EEUU va a intentar imitar en otros países. A estas alturas es bastante sabido que Trump considera a Venezuela un caso de éxito. Y ha estado intentando conseguir resultados similares en Cuba e Irán. Ha habido contactos entre funcionarios de Trump y funcionarios de esos países en los que se está proponiendo este tipo de acuerdo, algo así como “te quedas en el poder, la oposición no llega al poder, pero cambias por completo tu forma de hacer las cosas y, básicamente, sigues nuestras órdenes”.

El gobierno de Delcy Rodríguez está cumpliendo las órdenes de EEUU. Ha llevado a cabo operaciones militares con tropas estadounidenses y venezolanas en territorio venezolano. Ha reconocido a Israel. Tres días después de que Marco Rubio anunciara que EEUU iba a lanzar una campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional, Venezuela dice “nos retiramos de la Corte Penal Internacional”. Es el primer país latinoamericano en hacerlo.

Y eso ha llevado a esta tesis en Washington: ¿por qué buscar un cambio de régimen si se puede conseguir que el régimen cumpla? Y no es tan extraño en Latinoamérica. Lo que hizo EEUU en Venezuela fue lo que hizo en varios países a principios del siglo XX: en Cuba, República Dominicana, Haití y Panamá. Impuso protectorados en estos países, de diferentes formas.

Así pues, no hace falta una administración colonial; se puede tener un gobierno al que se le puede amenazar con una invasión y, de esa forma, se consigue que haga lo que uno quiera. Esto es algo que Estados Unidos hizo, sin ningún tipo de vergüenza, hace 100 años. Formaba parte de la Doctrina Monroe y de lo que se conoce como el Corolario de Roosevelt a la Doctrina Monroe. Creo que eso es lo que se está preparando.

No es ninguna coincidencia que fuera en Cuba donde surgió el movimiento político que ha sido más antagónico hacia EEUU, como resultado de ese periodo. Si estudias los primeros años del siglo XX en Cuba, descubres que los políticos cubanos actuaban de manera muy similar a como lo hacen ahora los políticos venezolanos. Entendían que quienquiera que estuviera en el poder necesitaba el apoyo de EEUU para gobernar el país. Así que se convirtieron en políticos expertos en ejercer presión en Washington y en forjar coaliciones políticas entre las partes interesadas de Washington para que los respaldaran.

Pero no eran políticos que construyeran una base política interna, que intentaran responder a las demandas de sus electores. Así pues, el protectorado frena el desarrollo institucional de una forma que, básicamente, no deja que surjan las instituciones de una democracia.

Y si tienes un electorado que no puede expresar sus quejas, que no puede expresar sus demandas a través del sistema político, una gran parte de ese electorado se va a enfadar mucho, y entonces acabas con algo como la Revolución Cubana.

Es un riesgo de que, como consecuencia de la idea de Washington de que puede dirigir los países latinoamericanos por control remoto, vayamos a entrar en una dinámica política muy similar, lo cual, al final, va a ser malo para la región, pero también muy perjudicial para la imagen de EEUU en la región.

Aman Sethi

Aman Sethi is editor-in-chief of openDemocracy. Before joining us he was deputy executive editor at HuffPost. Before that he was the executive editor for strategy at BuzzFeed, editorial director with Coda Media, editor-in-chief of HuffPost India, associate editor with the Hindustan Times, and foreign correspondent (Africa) and Chhattisgarh correspondent with The Hindu. His award-winning reportage both in India and around the world has touched on some of the most pressing issues of our time, such as migration, land grabs, labour rights, public health, nationalism, democracy and insurgency. He is the author of the critically acclaimed non-fiction book ‘A Free Man’.

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Tags:Entrevista Petróleo Donald Trump Delcy Rodríguez Alejandro Betancourt

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