Por Lucía Dammert
La sensación de inseguridad, la percepción de baja efectividad gubernamental y el aumento de la violencia como medio de resolución de todo tipo de conflictos son elementos comunes del diario vivir de los latinoamericanos. Desde inicios de los 90s la mayoría de los países de la región ha experimentado incrementos en sus tasas de homicidio o en sus niveles de victimización, ha visto limitados los espacios urbanos considerados seguros y ha enfrentado un aumento de la desconfianza en la policía y la justicia. Todo lo anterior marca un contexto de especial complejidad donde los ciudadanos reclaman por acción, por resolución de los problemas y por protección “acá y ahora” frente a los hechos de criminalidad que los afectan de forma permanente.
La emergencia del tema no lo es solo por su magnitud sino también por su temporalidad. De hecho para las democracias latinoamericanas la problemática de la criminalidad a fines de los 80s era considerada un problema policial y de la justicia donde la experticia estaba centrada en el saber jurídico o normativo. Los avances desde ese entonces, pese a ser principalmente discursivos, no han sido menores. (i) El crimen pasó de ser un problema considerado policial a uno integral y multisectorial. (ii) La prevención dejó de ser entendida como presencia policial y se convirtió en pieza fundamental de las políticas públicas. (iii) La reforma de la justicia se convirtió en pieza medular de los procesos de modernización. (iv) La transparencia y la rendición de cuentas pasaron a formar parte de los elementos mínimos requeridos en el trabajo policial. Pero son aún en muchos países avances sólo narrativos que no se condicen con las prioridades de inversión pública, ni con las formas como se diseñan, implementan y mucho menos evalúan, las políticas.
En este contexto, la politización del fenómeno criminal se ha convertido en la forma como muchos enfrentan un problema que por su magnitud parece en algunos casos invencible. La política de la seguridad ciudadana sigue así instalada en los espacios del debate electoral donde se proponen iniciativas pensando en lo que la audiencia quiere más que en lo que es viable. Así se multiplica el llamado populismo penal que, sin centrarse en evidencia alguna, propone soluciones generalmente castigadoras en busca de la aceptación popular. De igual forma, ante la aparente incapacidad policial para enfrentar el crimen, diversos gobiernos han optado por la militarización del patrullaje e incluso de la prevención. No hay evidencia clara que estas iniciativas traigan resultados concretos pero sin duda apelan al reconocimiento que tienen los latinoamericanos sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y su posición de fuerza frente al crimen y la ocupación del espacio público.
Para complejizar aún más la situación, en muchos países las políticas van a ciegas. Los datos no son totalmente confiables, la información no está al día, no se publica o no muestra el flujo completo del problema. Por ende priorizar, focalizar y definir las políticas más idóneas es un anhelo a veces esquivo para los funcionarios públicos. Para enfrentar esta situación, muchos países están desarrollando sistemas de sistematización de información que les permitan mejorar la toma de decisiones y adicionalmente evaluar su impacto. Los avances son aún tímidos pero permiten vislumbrar un futuro de mejor conocimiento y calidad en la información.
Por otra parte, la diversidad de problemas y capacidades institucionales es evidente en la región. Por ejemplo, en países con altos niveles de violencia existen barrios muy seguros y en países con bajos niveles de violencia existen barrios muy inseguros, tornándose cada vez menos útil el ranking de inseguridad nacional que muchas veces se ha utilizado para identificar los problemas de la región. La percepción que el tráfico de drogas es clave en México y Centro América y que en Chile, Argentina o Uruguay los problemas son principalmente los delitos contra la propiedad, muestra una mirada distante de las realidades actuales. En prácticamente todos los países de la región encontramos espacios territoriales donde la presencia del tráfico de drogas impacta sobre la calidad de vida de los vecinos, impide la efectiva presencia del Estado y establece un régimen del temor y el control. Más aun, incluso en los países que están entre los 20 con mayores tasas de homicidio del mundo (de los cuales 10 son latinoamericanos) esta violencia está altamente focalizada.
En este contexto, tanto el Estado por la vía de instituciones policiales consideradas confiables (Chile y Colombia) o de mecanismos locales de patrullaje (Perú), como las empresas privadas de seguridad, han logrado generar territorios seguros en las principales ciudades del continente. Uno de los principales aprendizajes, ha sido la necesidad de definir intervenciones locales centradas en diagnósticos específicos y por ende limitar la búsqueda de las buenas prácticas como mecanismos de solución. El análisis de las iniciativas desarrolladas con éxito en contextos diversos de América Latina permite vislumbrar principalmente los desafíos, las barreras y los problemas que enfrentan durante su diseño e implementación. Se ratifica la necesidad de avanzar en miradas locales, soluciones hechas a medida y sin duda mecanismos de colaboración ciudadana que permitan avanzar en la recuperación de los espacios para la ciudadanía.
La seguridad es un bien público distribuido de forma inequitativa. En un continente marcado por las desigualdades de todo tipo, la inseguridad contribuye a pintar un panorama aún más dramático. Los pobres y más vulnerables tienen mayores niveles de inseguridad en los barrios donde habitan. El trabajo policial en muchos países sigue privilegiando el patrullaje de zonas comerciales o espacios de sectores medios y altos que muchas veces tienen ya seguridad privada o mecanismos locales efectivos de presencia disuasiva. La violencia homicida impacta sobre los jóvenes de los sectores más populares de la región. Las adicciones no son cubiertas por prácticamente ninguna cobertura pública lo que torna literalmente imposible la rehabilitación de aquellos que caen en la tragedia del consumo problemático. Las cárceles están llenas de jóvenes pobres, sin educación completa, en muchos casos analfabetos funcionales que no son tratados por sus posibles problemas de salud mental o adicciones. En fin, son demasiados los indicadores que muestran que estamos frente a una epidemia pero que no nos afecta a todos de igual manera.
Ante estas realidades se requiere cambiar la POLÍTICA. Asumir que la seguridad no es un problema únicamente del modelo socioeconómico o una opción racional por parte de los actores. Que se requiere de conocimientos, técnica y experticia para diseñar programas públicos serios, de largo plazo y financiamiento sostenido. Que se requiere de poderes legislativos que dejen de proponer leyes que endurezcan penas y creen nuevos tipos legales, cada vez que se presenta un escándalo en los medios de comunicación. Que se debe elevar el nivel de la Justicia, llevándola a ser más efectiva, eficiente y menos corrupta. Que los gobiernos deben definir prioridades serias de acción, de mediano y largo plazo con las que se comprometan todos los sectores políticos para evitar así la confrontación comunicacional sin sentido.
Decisión y voluntad política para cambiar las cosas son los elementos clave para enfrentar la inseguridad en América Latina. Pasar del populismo penal a la responsabilidad social frente al delito. Dejar la mano dura y la tolerancia cero por el castigo efectivo y las penas certeras. Limitar las detenciones masivas y consolidar la persecución penal inteligente son algunos de los caminos que la evidencia muestra como posibles.
La responsabilidad recae entonces sobre los líderes actuales quienes deben dejar de lado las tácticas de marketing político y las estrategias de debate electoral. Avanzar con solidez aumentando la calidad de vida de los latinoamericanos es una demanda que no puede ser dejada de lado. El binomio inseguridad e inequidad se convierte así en el flagelo central de la agenda política de América Latina para las décadas venideras, y no hay espacio ya para defraudarnos.
Lucía Dammert es socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda, y profesora asociada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile.
