sábado, 18 de enero de 2025

DICTADURA MILITAR, POLICIAL, CIVIL.


Fernando Mires - DICTADURA MILITAR, POLICIAL, CÍVICA



El orden de los factores sí altera el producto, si bien no en las matemáticas, en la política. Dhecho, todas las dictaduras son militares, policialey políticas. Sin embargo, de acuerdo al orden de los factores, son a veces más lo uno que lo otro. También es posible que uno de los factores sea una vez dominante y poco tiempo después sea secundario. Ese es justamente el problema de las tipologías: intentan apresar un factor como principal sin parar en mientes que en diversas ocasiones puede convertirse en secundario.

MUTACIONES DICTATORIALES

La realidad, sobre todo la de los sistemas de gobierno, es mucho más dinámica que estática. Detectar cuando un factor se ha impuesto sobre los demás es decisivo para determinar el carácter de una dictadura y, a partir de ahí, definir los métodos y formas de lucha en su contra. La política de uno siempre dependerá de la política del otro.

Para poner un ejemplo, hasta el 28 de julio la dictadura de Maduro era política, militar y policial. Después del horrendo fraude electoral cometido ese día, se convirtió rápidamente en militar, policial, y muy lejos de esos dos factores, en política. Esa es su actual composición orgánica y probablemente lo será durante mucho tiempo.

Lo saben muchos venezolanos: el que ahora enfrentan no es solo un estado político sino, además, y sobre todo, un estado militar y policial.

Para unos, afortunadamente pocos -me refiero a grupos uribistas o leopoldistas- el estado, al ser militar hay que enfrentarlo de modo militar y, como no tienen ningún ejército hay que pedirlo prestado a otras naciones. Sin embargo, es evidente: de lo que se trata, para una oposición desarmada, es hacer justamente lo contrario: revertir la lógica militar y policial de la dictadura e imponer en contra de ella una lógica política. De acuerdo a esa segunda lógica, la dictadura de Maduro no puede ganar. Por eso perdió abrumadoramente en las elecciones presidenciales del 2024. Por eso perdió su legitimidad nacional e internacional (legitimidad es una categoría política). Y, no por último, por eso mismo se encuentra extremadamente aislada en el contexto latinoamericano.

La militarización del estado comenzó con Chávez quien puso en práctica un proceso de ideologización a la cubana, hasta llegar al punto en que, condición para formar parte del estamento militar, debía ser la recitación de una doctrina que no admitía discusión. Sin embargo, a diferencias de otros autores, planteamos aquí que ese no fue un proceso de politización sino de simple ideologización. La no-deliberación, propia a los cuerpos militares, fue conservada. Efectivamente, no puede haber politización sin deliberación. En ese proyecto, el ejército adoctrinado de Chávez mantuvo la estructura de un estamento del estado. De modo paralelo, Chávez, otra vez copiando a Cuba, reforzó y a la vez transformó los aparatos militares y policiales creando estamentos paralelos como fueron los grupos de choque para-miltares de tipo fascista, casi siempre motorizados, los que suelen actuar de modo coordinado con la policía “oficial”. Ahora bien, por sobre todos esos estamentos, la llave de seguridad del nuevo estado está constituida por los siniestros aparatos secretos, ya sea los de información, control, vigilancia vecinal, espionaje, todos conectados directamente con la cúpula dirigente.

En fin, la estructura de poder cubana creada por Chávez en Venezuela no se diferenciaba de la que había prevalecido en la URSS y en las demás dictaduras comunistas de Europa del Este y Central. El socialismo del siglo XXl –bautizado así por el romántico socialista Heinz Dieterich- nunca pasó de ser una mala copia del socialismo del siglo XX.

En lo que se refiere a la estructura del estado, Maduro continuó la obra de Chávez. Pero a la vez introdujo novedades importantes. La principal es que, si bien en el gobierno de Chávez existían potenciales dictatoriales, bajo Maduro esos potenciales fueron transformados en realidad. Hoy, después del 28 de Julio, se acabó la discusión: la de Maduro es una dictadura dura y pura, una de las más brutales habidas en suelo latinoamericano, lo que de por sí, es mucho decir. Pero a la vez, es una dictadura con características muy propias, equivalentes a la mayoría de las dictaduras surgidas y consolidadas en el periodo post-comunista, ya sea en Cuba, ya sea en Rusia, Bielorrusia, Chechenia. Son esas, las dictaduras del siglo XXl.

EL ESTADO “MADURISTA”

En el caso venezolano, Maduro no ha hecho más que adaptar un nuevo tipo de dictadura a las condiciones venezolanas. De acuerdo con José Natanson (Nueva Sociedad) Maduro fue “un ex-dirigente sindical que carecía del influjo natural sobre la tropa del que siempre dispuso Chávez, quien terminó de construir el modelo actual, bajo el cual los militares no son un “aliado”, un “socio” o un “apoyo” del gobierno, sino que están integrados a él: constituyen un mismo dispositivo político, como en Cuba, justamente un país que Maduro había estudiado y conocido de joven. Por eso, cuando Maduro habla de “unión cívico-militar-policial perfecta”, no está expresando un deseo, sino algo que existe y que conoce bien, porque él mismo lo creó”.

Lunión cívica, militar, policial se expresaba durante Chávez en la misma persona del gobernante quien, al igual que su corrupto segundón, Diosdado Cabello, eran políticos y militares a la vez. Bajo Maduro, a su vez, tiene lugar, no una alianza inter-estamental, sino algo nuevo: una fusión entre lo militar, lo policial y lo cívico, fusión que a la vez integraba a los tres poderes del estado, agregando, como ya ha sido comprobado, el poder comunicacional y, sobre todo, el poder electoral. Poderes que no constituyen una suma, reiteramos, sino una síntesis expresada en un solo poder.

Sin ser un poder totalitario (que al serlo integraría hasta la mente de los ciudadanos) el que ostenta Maduro es un poder único, compuesto por una amalgama de todos los poderes condensados en uno solo: el estado madurista. Así se explica por qué a veces Maduro se disfraza de militar, no habiéndolo sido nunca. Aunque parece un payaso, la idea es transmitir visualmente el mensaje de un estado fusionado en sí mismo, todo lo contrario al estado de tipo corporativo que ha caracterizado a la mayoría de las dictaduras de la región. En ningún caso -anota el ya citado Natanson- el de Maduro puede considerarse como un estado fallido. Es simplemente “otro” tipo de estado

Comparemos –a fin de entendernos mejor- la de Maduro con una dictadura militar clásica: la de Augusto Pinochet en Chile. Pinochet, como es sabido, articulaba en su propia persona la unidad cívica, militar y policial. Pero en la estructura del poder, lo cívico, lo militar, lo policial, eran estamentos paralelos que solo coincidían en la cima: la Junta, donde Pinochet hacía y deshacía. Más abajo de la Junta, ningún militar, ni los de más alto rango, emitían opiniones políticas. Mucho menos al revés. Jamás un miembro civil de la dictadura se habría atrevido a hablar del tema militar. En Venezuela en cambio, el general Padrino López, cada vez que habla, se extiende sobre temas políticos, de la misma manera que el civil Maduro, habla de temas militares. La diferencia entonces es esta: la de Pinochet era una dictadura estamental o, si se prefiere, corporativa. La de Maduro es una dictadura de grupos fusionados de modo vertical y horizontal. Destacar esto último es importante. Si las dirigencias opositoras hubieran entendido esta particularidad, fiascos como el del 30 de abril del 2019 de López- Guaidó, o el del 9 de enero de 2025 de Machado- Gonzáleznhabrían tenido lugar. Digamos entonces otra vez: en la política (como en la guerra) hay que conocer al enemigo más que a sí mismo.

La dictadura de Maduro es una dictadura del siglo XXl, y como tal es una dictadura híbrida pues hasta hace poco incorporaba elementos propios a las democracias, pero subordinados al poder dictatorial. Ese poder electoral lo perdió, y quizás para siempre, entre otras razones, porque ha perdido la legitimidad electoral que tanto cuidaba Chávez.

Probablemente Maduro seguirá convocando a elecciones -en el hecho él y sus co-dictadores ya hablan de las próximas elecciones regionales- pero todos saben que, sean cuales sean sus resultados, aún en el caso de que Maduro aceptara perderlas, nadie, después del mega-fraude cometido el 28 de julio, podrá creer más en ellos. Esto no dejaría de ser una ventaja para una oposición que creyera más en la política y menos en la magia, como es la venezolana.

La legitimidad electoral está mortalmente perdida para Maduro y su mafia. Para la oposición en cambio, esta ha aumentado. Todos sus triunfos obtenidos –y han sido varios- ya sea en contra de Chávez o de Maduro, han sido electorales. No hay, por lo tanto, ningún motivo, aparte de la locura colectiva, para abandonar la vía electoral, democrática, pacífica, y sobre todo constitucional. Esta última es hoy fundamental. El dictador y sus secuaces se aprontan a cambiar la Constitución Nacional por una constitución dictatorial. La oposición, como ya lo hizo en el 2007, cuando Chávez sufrió su primera derrota, debería constituirse, frente a ese desafío, como el partido de la Constitución. No tiene por lo demás otra alternativa.

La de Venezuela no es, ni nunca será, una oposición armada como la de Siria. De tal modo que frente a la pregunta que siempre a uno le hacen: “Y tú, ¿qué propones?” Solo se puede responder: Seguir haciendo bien lo que siempre se ha hecho bien y no hacer más lo que siempre se ha hecho mal”. Dura respuesta para quienes, y con toda razón, exigen resultados inmediatos. En este punto solo cabe agregar: todas las luchas antidictatoriales han sido largas, a veces muy largas. Por eso, si alguien desde Bielorrusia me hiciera esa pregunta, contestaría exactamente lo mismo.

DICTADURAS GEMELAS

Mencionar a Bielorrusia no es casualidad. Más que la cubana, que es una dictadura comunista del pasado, más que la nicaragüense que es una dictadura matrimonial (así como la de Somoza fue una dictadura familiar), la dictadura de Maduro en Venezuela se parece como una gota de agua a otrla de Lukashenko en Bielorrusia. Por de pronto, ambas dictaduras han mutado durante su transcurso. La de Maduro de un gobierno autoritario a la dictadura corporativa y del corporativismo a una dictadura de poder fusionado, como es la de hoy.

Lukashenko, es preciso recordar, llegó al poder igual que Chávez, mediante elecciones limpias, el 1994, es decir, ya hace 31 añosPero en 1995 adoptó el modelo soviético de dominación disolviendo al parlamento convocando a nuevas elecciones que más bien eran referendos. Justo cuando el socialismo mundial se había venido abajo, Lukashenko planeaba convertir a Bielorrusia en un nuevo socialismo, más participativo, más democrático, algo parecido al socialismo del siglo XXl, adoptado por Chávez. Pero frente a la existencia de una oposición democrática, eligió la vía de la represión, selectiva en un comienzo, masiva después.

A fines de 1999, Lukashenko, imitando a Stalin, procedió a purgar a quienes dentro de sus propias filas se atrevían a disentir. Fueron los llamados “desaparecimientos”. Los más notables fueron los del ex ministro del interior Yuri Zakarenjo, el del jefe de la Comisión Electoral, Victor Gonsthar, el del jefe de las Fuerzas Armadas bielorrusas Yuri Garawaski (muy parecido al caso del general Baduel en Venezuela). Todos esos actos costaron a Lukashenko el aislamiento internacional.

El “último dictador de Europa”, como fue apodado por la prensa, dejó de ser reconocido como mandatario constitucional por la UE, EE UU., el Reino Unido y Ucrania, lo que llevó al dictador a arrimarse aún más a la Rusia de Putin, como lo ha hecho Maduro con respecto a las dictaduras rusas e iraníes. El año 2020, como si las coincidencias con Maduro no fueran suficientes, ante la presencia de la prensa extranjera, de los informes electorales mesa por mesa, en un fraude escandaloso, Lukaschenko robó las elecciones presidenciales, creando, a partir de esos tiempos, una dictadura de poder único, donde él aparece algunas veces -como Maduro- vestido de general y otras de civil. Un uniforme que les queda mal a ambos: demasiado altos, demasiado gordos, demasiado bigotudos. Pero la estética no les importa. A los dos dictadores solo les importa el poder. No el poder para alcanzar algo. Solo el poder por el poder.

En contra del fraude tuvieron lugar en Bielorrusia las demostraciones más grandes de toda la historia del país, conducidas por la mítica líder Svetlana Tijanóskaya, muy parecida en su carisma, personalidad y valentía a María Corina Machado (Hoy Svetlana está asilada en Lituania desde donde intenta dirigir a la oposición de su país). Los militares, ya incorporados al poder único, dispararon durante esas demostraciones en contra de las masas, causando muchas muertes, tal como lo ordenara Maduro cuando varios opositores salieron a protestar por el fraude del 28-J. Las cárceles, en ambos países, están hoy llenas de presos políticos. El secuestro de ciudadanos democráticos es el pan de cada día.

Quizás la única diferencia –o por lo menos la más importante- entre la dictadura de Lukashenko y la de Maduro, no es política; es geográfica. Ambas dictaduras están apoyadas por la Rusia de Putin. Pero una está al lado y la otra muy lejos de Rusia. Aunque en un mundo global todas las distancias son cortas, la dictadura de Maduro podría ser vista por los EE UU. como una amenaza para el hemisferio en caso de que la guerra en Ucrania escale más allá de Ucrania, algo que podría suceder en cualquier momento. Nadie sabe si la geopolítica jugaría aquí un rol decisivo. Pero no nos adelantemos. Lo importante es que la historia continúa. No hay ninguna razón tampoco para darla por terminada.



 

viernes, 17 de enero de 2025

INFORME 2025 DE HUMAN RIGHTS WATCH SOBRE VENEZUELA.

 

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Venezuela

Eventos del 2024

Familiares de presos políticos encienden velas durante una vigilia pidiendo su libertad en Caracas, Venezuela, el domingo 1 de diciembre de 2024. 

© 2024 AP Foto/Ariana Cubillos

Fundamental

 
Una mujer mira por la ventana de un edificio dañado.

En vísperas de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, las autoridades intensificaron la represión, atacando a defensores de los derechos humanos y a miembros de la oposición con arrestos e inhabilitaciones y endureciendo las restricciones al espacio cívico.

Tras las elecciones, los observadores internacionales manifestaron su profunda preocupación por la afirmación del consejo electoral de que Nicolás Maduro había sido reelegido. Cuando miles de manifestantes salieron a las calles, las autoridades respondieron con una brutal represión, que incluyó asesinatos, arrestos y otras tácticas represivas más amplias.

Más de 20 millones de venezolanos viven en una situación de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos y medicamentos esenciales. Muchos se ven obligados a adoptar estrategias de supervivencia extremas, incluida la huida del país. Aproximadamente 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014.

Elecciones

El 28 de julio, los venezolanos votaron en gran número en las elecciones presidenciales, a pesar de  las acciones irregulares del gobierno y las violaciones de los derechos humanos , incluidas las detenciones de miembros de la oposición y las descalificaciones arbitrarias de candidatos de la oposición, como la líder opositora María Corina Machado.

La noche de las elecciones, el consejo electoral de Venezuela  declaró que el actual presidente, Nicolás Maduro, había ganado las elecciones con más del 51 por ciento de los votos. Hasta la fecha, el consejo no ha publicado las actas de los distritos electorales ni ha realizado las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana exigidos por ley.

El Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas y el  Centro Carter , que observaron las elecciones en Venezuela a petición de la autoridad electoral, señalaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron los resultados declarados. Otorgaron credibilidad a las actas de escrutinio por distrito electoral que la oposición hizo públicas y que, según el  Centro Carter , indicaban que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones por un margen significativo.

El 2 de septiembre, un juez emitió una  orden de arresto contra González por “conspiración”, “incitación a la desobediencia” y otros delitos. González se vio obligado a huir del país.

Las Naciones Unidas  , la  Organización de los Estados Americanos , la  Unión Europea ,  Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos instaron a Maduro a publicar las actas de los distritos electorales, realizar una “verificación imparcial” de los resultados y respetar la voluntad del pueblo. 

Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han impulsado conversaciones con el gobierno venezolano, con resultados limitados.

Represión de la disidencia

Venezuela experimentó un  aumento de la represión antes de las elecciones, incluyendo arrestos de miembros de la oposición (muchos de los cuales siguen detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero), descalificaciones arbitrarias de candidatos de la oposición y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico.

En enero, el gobierno  lanzó el llamado plan “Furia Bolivariana” con el supuesto objetivo de prevenir intentos de golpe de Estado. Poco después, personas no identificadas vandalizaron las oficinas de medios de comunicación, grupos de la sociedad civil y partidos de oposición. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al  menos 48 personas , entre ellas militares, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, fueron detenidas por presunta conspiración.

Tras el anuncio de los resultados electorales, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso  en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo (el movimiento político creado por el fallecido presidente Hugo Chávez), protestó en gran número. Las autoridades respondieron con  violencia y abusos generalizados , incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos.

Human Rights Watch recibió información creíble sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificó evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados pro gubernamentales conocidos como “colectivos” con varios de estos asesinatos. El grupo pro bono local Foro Penal  informó que más de 1.900 “presos políticos” han sido arrestados desde el 29 de julio, incluidos 42 adolescentes, de entre 14 y 17 años, que continuaban tras las rejas a fines de noviembre. Estas detenciones suman un total de 17.882 arrestos por motivos políticos desde 2014, según Foro Penal.

Muchos de los arrestos ocurrieron como parte de una operación de las fuerzas de seguridad que el gobierno llama “Operación Knock Knock” ( Operación Tun Tun ), que implica detenciones masivas de manifestantes, arrestos selectivos de críticos y  el uso de las redes sociales por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad para infundir miedo en la población. El gobierno también  alentó a los ciudadanos a denunciar a los manifestantes a través de aplicaciones como Ven App, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas abusivas, especialmente en comunidades de bajos ingresos.

Los fiscales han acusado a cientos de personas de delitos a veces muy amplios que conllevan penas severas, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.

A menudo, los detenidos permanecen incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia.  Se informa de que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención.

La oficina del  Secretario General de la ONU , el  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la  Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) y algunos  expertos independientes de la ONU criticaron la represión poselectoral. La FFM dijo que el gobierno actuó de manera “deliberada” y desplegó “los mecanismos más duros y violentos de su aparato represivo”, generando un “clima generalizado de temor entre la población”.

Impunidad

El poder judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y llenó la Corte Suprema con sus partidarios. Desde entonces, la Corte ha  apoyado al poder ejecutivo en la represión de las críticas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)  informó de demoras persistentes en las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas y en los operativos de seguridad y dijo que las investigaciones “no han abordado la cadena de responsabilidad”.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano  anunció su decisión de suspender las actividades de la OACNUDH en el país. Esta decisión se produjo luego de que la oficina  expresara su preocupación por la detención de la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, señalando que podría constituir una desaparición forzada.

El 1 de marzo, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional  autorizó al fiscal de la corte a reanudar la investigación de su oficina sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela. El fiscal  estableció una oficina en Caracas para facilitar la asistencia a las autoridades venezolanas en caso de que realicen sus propias investigaciones.

En septiembre, un juez de Argentina  citó y  emitió órdenes de arresto contra Nicolás Maduro, su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y más de una docena de otros funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, para asegurar su testimonio en un caso presentado contra ellos bajo el principio de  jurisdicción universal por presuntos crímenes de lesa humanidad.

En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una  resolución propuesta por varios gobiernos regionales (Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay)  que renueva el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por un período de dos años. El Consejo pidió a la Misión que investigara la represión poselectoral, incluida la violencia de los “colectivos”.

Ataques a defensores de derechos humanos

A lo largo de 2024 se reportaron medidas represivas contra la labor de defensores y defensoras de derechos humanos,  registrándose más de 592 ataques en el primer semestre de 2024, un aumento del 92 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023.

Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades han cancelado los pasaportes de defensores de derechos humanos, críticos, líderes políticos y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. Hasta agosto, la CIDH  había informado de 36 casos. Es probable que la cifra total sea mayor.

El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno,  aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley, que al momento de redactarse este artículo Maduro aún no había promulgado, exige que todas las organizaciones que operan en el país se registren y presenten documentos detallados al poder ejecutivo. Incluye vagas “prohibiciones”, “delitos” y motivos para disolver estos grupos, lo que socava gravemente la libertad de asociación.

Al momento de redactar este informe, los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida en el aeropuerto de Caracas en febrero, y Javier Tarazona, arrestado en julio de 2021, entre otros, continuaban en prisión.

Libertad de expresión

Las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación, cerrando a menudo aquellos que los criticaban.

Espacio Público, un grupo de defensa de la libertad de expresión,  registró 507 violaciones al derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluidos casos de intimidación (168), censura (101) y acoso judicial (65). La mayoría de los casos se registraron en julio, en el contexto de las elecciones. En el mismo período, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de la prensa, la autoridad nacional de telecomunicaciones cerró 15 estaciones de radio y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 sitios web de noticias digitales y ONG, plataformas de contenido político, así como  plataformas como X,  Wikipedia y la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Emergencia humanitaria

Más de 20 millones de venezolanos, de una población de 28,8 millones, viven en pobreza multidimensional debido a la precariedad económica y a los deficientes servicios públicos, habiendo perdido irreversiblemente sus medios de sustento y subsistencia, y 14,2 millones enfrentan graves necesidades humanitarias, según la plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil  HumVenezuela .

En marzo, la organización humanitaria venezolana Convite estimó que al menos algunos medicamentos esenciales no estaban disponibles en el 28,4 por ciento de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los que estaban disponibles eran inasequibles para muchos.

Los venezolanos enfrentan el hambre, que afecta a  5,1 millones de personas . El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación  identificó las sanciones económicas y la instrumentalización política de los programas alimentarios estatales como factores que obstaculizan la realización del derecho a la alimentación.

La actual crisis humanitaria obliga a muchos a adoptar  estrategias de supervivencia extremas , como estirar su presupuesto, aumentar su carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar bienes por sexo o huir del país.

A principios de diciembre, el  Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas seguía sin contar con fondos suficientes, con menos del 28 por ciento.

Crisis de refugiados

Desde 2014, unos 8 millones de venezolanos han abandonado el país, de los cuales unos 6,5 millones se han reubicado en América Latina y el Caribe. Tras las elecciones,  el 43 por ciento de los venezolanos encuestados estaba considerando abandonar el país, según una encuesta local. Algunas personas ya han huido del país, incluidos políticos, miembros de colegios electorales y votantes.

Una combinación de factores hace que los venezolanos huyan, incluidas las duras condiciones económicas y la persecución.

Las restricciones de movimiento en otros países, como los requisitos de visa, algunos promovidos por los EE. UU., así como  el acceso limitado al asilo y la regularización, los programas de integración deficientes y la discriminación y xenofobia en los países vecinos conducen a muchos a rutas peligrosas como el  Tapón del Darién , una peligrosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá, donde están expuestos a abusos. Entre enero y octubre, más de 198.000 venezolanos cruzaron el Tapón.

Grupos armados

Los grupos armados, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y los grupos que surgieron después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan principalmente en estados fronterizos, aplicando brutalmente normas que rigen las actividades cotidianas.

Se informa que “colectivos”, grupos criminales y grupos armados  intimidaron a candidatos y votantes de la oposición durante la campaña electoral, particularmente en zonas fronterizas y mineras.

Derechos de las mujeres y las niñas

El aborto está penalizado excepto cuando esté en riesgo la vida de la persona embarazada.

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a la anticoncepción, sigue siendo inadecuado.

La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz)  documentó 127 feminicidios y 51 intentos de feminicidio entre enero y septiembre. El gobierno no ha publicado datos sobre feminicidios desde 2016.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada”, según un experto de la ONU , y se ven  afectados desproporcionadamente por “la desnutrición, la pobreza extrema, así como la exposición a enfermedades y la degradación ambiental en parte debido a las actividades extractivas dentro de sus territorios”. Las actividades mineras ilegales y la violencia debido a la presencia de grupos armados y criminales en sus territorios han desplazado por la fuerza a muchas comunidades indígenas.

La minería, junto con la agricultura, es uno de los principales  impulsores de la deforestación en la Amazonia venezolana. Según se informa, las fuerzas de seguridad colaboran con los mineros ilegales, entre otras cosas suministrando mercurio para la extracción de oro y atacando a civiles con un uso desproporcionado de la fuerza. El oro venezolano extraído ilegalmente se  trafica a Brasil, Colombia y la República Dominicana y luego  se exporta a otros destinos.