Fascismo social
Un mayor control social militarizado parece ser el nuevo rasgo del socialfascismo bolivariano.
El estado militarizado bolivariano busca disciplinar a la sociedad
José Rafael López Padrino /
Un mayor control social militarizado parece ser el nuevo rasgo del socialfascismo bolivariano. El régimen ante el agotamiento de su discurso demagógico, ha institucionalizado el uso de la fuerza militar comopolítica de Estado. Ello ha implicado una profundización de la represión, pero además una mayor coacción, amedrentamiento, y persuasión con fines políticos de dominación.
La militarización del país no es un fenómeno nuevo, la misma fue iniciada por el ya desaparecido tte. Coronel, pero ha sido profundizada por su sucesor monárquico Maduro. Este perverso proceso de control social se fundamenta en la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (DSNB). Adefesio de inspiración fascista, destinado a mitificar al “comandante-eterno”, así como a fomentar los más miserables principios belicistas, de adulancia y subordinación como los que experimentaron los pobladores de las naciones del Cono Sur. La DSNB se fundamenta en la militarización de la sociedad y el desarrollo de planes represivos que vulneran todos los derechos y garantías individuales y sociales en aras de una pretendida seguridad nacional y en resguardo de un supuesto enemigo externo o interno (entiéndase disidencia ideológica). Concepción con claros antecedentes nazis del sofista alemán Karl Schmitt.
El régimen viene formulando políticas de control social, bajo la excusa de planes de seguridad ciudadana, prevención del terrorismo, lucha contra organizaciones del crimen organizado, guerra contra las drogas, etc.. Esta política además de consolidar el control social ejercido por el Estado, tarea fundamental de todo fascismo, pretende ser usada como elemento de disuasión frente a los “grupos antagónicos o elementos desestabilizadores”, que comprometen los niveles de gobernabilidad del proyecto socialfascista bolivariano. Se pretende “tutelar con las armas” el descontento social y la conflictividad social producto del fracaso de una ortodoxia neoliberal maquillada con retórica revolucionaria. Todo ello en nombre de un supuesto Estado de Derecho y de una falaz democracia participativa.
Esta infeliz militarización no solo se ha reflejado en el asalto del estamento militar a la administración pública (más de 850 funcionarios militares están ocupando cargos en ministerios, empresas del Estado e instituto autónomos), sino en la imposición de una mentalidad guerrerista, de una forma de hablar, de sentir odio por la diversidad de pensamiento y de legitimar la violencia como medio para dirimir diferencias políticas. Pero además, el Ministerio de la Defensa ha dispuesto la obligatoriedad de la instrucción militar en todos los niveles de educación, desde primaria hasta la Universidad. Se pretende adoctrinar políticamente a nuestros jóvenes con el “Nuevo Pensamiento Militar Venezolano”. Caricaturesca doctrina destinada a mitificar la imagen del ya fallecido azote de Miraflores, así como fomentar los más miserables principios belicistas, de adulancia y de servilismo, como los que experimentaron los jóvenes en la Alemania deHitler o la Italia de Mussolini.
Más recientemente el régimen ha iniciado una nueva fase en su pretensión del control social de la población, el uso de las milicias, especie de guardia pretoriana al servicio del ignorante de Miraflores, a fin de apaciguar y domesticar la conflictividad laboral. Su uso constituye una violación de la libertad sindical y el derecho al trabajo, así como un instrumento nocivo destinado a imponer por la fuerza de las armas condiciones precarias de trabajo. La fuerza y la violencia empleada con la militarización del mundo trabajador facilitan las condiciones de reproducción del capital en favor de los grandes monopolios nacionales e internacionales, función histórica del fascismo del siglo pasado y del neofascismo del siglo XXI.
El estado militarizado bolivariano busca disciplinar a la sociedad, por ello criminaliza y judicializa la protesta social mediante la aplicación de leyes como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo(Lodofat), entramado jurídico que prohíbe y castiga prácticamente todas las estrategias y herramientas históricas de lucha del movimiento popular venezolano. Por ejemplo penaliza las huelgas en los centros productivos con prisión de ocho a diez años y considera los grafitis y pintas contra edificios públicos como actos terroristas.
El régimen del monárquico Maduro no conforme con la demolición de las instituciones del país, de dominar todos los poderes públicos, de tener una Fuerza Armada al servicio del PSUV, pretende militarizar la última trinchera de resistencia nacional: los trabajadores y sus sindicatos.
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