EL FARO ¿ DICTADURA O DEMOCRACIA?

El Faro ¿Dictadura o Democracia? by politikaucab Por: Benigno Alarcón En mi artículo de la semana pasada invitaba a nuestros lectores a interactuar con mis opiniones y las de nuestros columnistas en PolitiK@Ucab. Esta semana entrego la redacción de nuestros editoriales a nuestro Coordinador de la publicación Gustavo Moreno, quien ha venido haciendo un excelente trabajo al frente de nuestra publicación y está en la mejor posición para darnos a través de sus editoriales un balance justo y bien informado de lo que nos encontraremos en cada edición, e inició una columna fija en nuestro boletín PolitikaUcab, que se me ha antojado llamarla El Faro, no porque quien escribe pretenda orientar a quienes leen, sino como un esfuerzo por facilitar un proceso de reflexión y debate para que juntos tratemos de encontrar esa pequeña luz que tanto se valora cuando estamos perdidos en medio de la más absoluta oscuridad. ¿Dictadura o Democracia? La semana pasada les contaba un poco como veo el 2014. Esta semana me gustaría iniciar esta columna quizás desde un paso más atrás para comenzar contándoles donde estamos hoy, y a partir de allí tratar de escrutar el futuro posible. En Venezuela se ha dado una importante discusión desde el inicio mismo del período presidencial de Hugo Chávez Frías en 1999 sobre la naturaleza del régimen que se trataba de implementar con la aprobación de una nueva Constitución en Diciembre de ese mismo año. Si bien el fenómeno político que hemos visto desarrollarse desde entonces resulta inédito para los venezolanos, acostumbrados a vivir entre los extremos de varias dictaduras cerradas que antecedieron al surgimiento de una democracia que se extendió sin mayores sobresaltos por cuarenta años, hasta la intentona golpista liderada por el mismo Comandante Chávez el 04 de Febrero de 2002, al revisar las experiencias estudiadas internacionalmente nos damos cuenta que el fenómeno político vivido en Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez no es algo realmente nuevo ni inédito. Tratando de partir de información que nos garantice un mínimo de objetividad, podríamos considerar las conclusiones de varias organizaciones que estudian y monitorean de manera permanente la democracia en el mundo a partir de una serie de índices compuestos por indicadores que pueden ser analizados, medidos e incluso comparados a los fines de tratar de que todos los países sean evaluados con las mismas reglas, haciendo que el análisis sea lo más equitativo posible y que sus resultados no se vean contaminados por los pre-juicios y opiniones de aquellos a quienes toca calificar a un país como más o menos democrático. Tres de los índices más usados en el mundo son: el de una prestigiosa organización de los Estados Unidos llamada Freedom House (http://www.freedomhouse.org/), The Polity IV Project (http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm) que es una investigación ampliamente usada por los sectores académicos y estudiosos de la democracia que se viene realizando por iniciativa de la Universidad George Mason de Virginia, Estados Unidos, y el de una respetada publicación inglesa, muy bien conocida en nuestro país, The Economist: (http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index-2012.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex12). Estos índices, independientes uno del otro, coinciden en afirmar que Venezuela no es hoy una democracia sino lo que se denomina como un régimen híbrido. Pero, ¿que implica esta calificación comúnmente utilizada y aceptada por varios autores? En el caso de The Economist, el índice provee una visión comparada del estado de la democracia en 165 países, lo cual abarca la casi totalidad de la población mundial, para lo cual se toman en consideración cinco indicadores: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, el funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política, cuya combinación coloca a cada país en uno de cuatro tipos de régimen: Democracias plenas, democracias débiles, regímenes híbridos o regímenes autoritarios, los cuales son definidos de la siguiente manera, por esta publicación:  Democracias plenas: Países en los cuales no solo las libertades políticas y civiles son respetadas, sino que además se caracterizan por una cultura política que conduce hacia el florecimiento de la democracia. El funcionamiento del gobierno es satisfactorio. Los medios de comunicación son independientes y diversos. Existe un efectivo sistema de pesos y contrapesos. El poder judicial es independiente y sus decisiones son obligatoriamente ejecutadas. Existen solo problemas menores en su funcionamiento como democracias.  Democracias débiles: Estos países tienen elecciones justas y libres, y aunque puede haber problemas (tales como violaciones puntuales a la libertad de prensa), las libertades civiles son respetadas. A todo evento, existen debilidades significativas en otros aspectos de sus democracias, incluyendo problemas de gobernabilidad, cultura democrática y bajos niveles de participación.  Regímenes Híbridos: Los procesos electorales se desarrollan con irregularidades sustanciales por lo que no pueden considerárseles como justos y libres. Las presiones gubernamentales sobre la oposición y sus candidatos son comunes. Las debilidades son mayores a las que se presentan en las democracias débiles en aspectos tales como la cultura política, el funcionamiento de sus gobiernos y la participación política. La corrupción tiende a ser generalizada y el estado de derecho débil. La sociedad civil es débil. Es común la persecución y presión sobre medios y periodistas, y el poder judicial no es independiente.  Regímenes Autoritarios: En estos estados el pluralismo político está ausente o seriamente limitado. Muchos de los países calificados por The Economist en esta categoría son dictaduras. Algunas instituciones formales de una democracia pueden existir, pero sin mayor sustancia real. Las elecciones, en caso de que existan, no son libres y justas. No se presta mayor atención por los abusos y las violaciones a las libertades civiles. Los medios de comunicación son normalmente controlados por grupos relacionados con el régimen o están bajo la propiedad directa del Estado. Existe represión contra los críticos del gobierno y su permanente censura. No existe un poder judicial independiente. The Economist, reconoce que al finalizar el año 2012 el 51.5 % de la población mundial no vive en democracia, sino bajo alguna forma de autoritarismo, siendo los regímenes híbridos el tipo de gobierno que se ha impuesto en 37 países, entre ellos Venezuela. En este índice del año 2012, Venezuela ocupa el puesto 95, que comparte con Libia, entre una clasificación que se inicia con Noruega como el país más democrático y cierra en el puesto 167 con Korea del Norte como el país más autoritario. Los regímenes híbridos ocupan los puestos ubicados entre el número 80 (Ucrania) al 116 (Haiti), siendo los países más cercanos al puntaje obtenido por Venezuela en este índice Mali, Bosnia, El Líbano, Uganda y Georgia. ¿Qué significa ser un régimen híbrido? En el mundo académico se han producido una variedad de términos para referirse a estos regímenes intermedios entre autoritarismo y democracia entre los que se incluye no solamente la denominación de régimen híbrido, sino otras como “semi-democracia”, “pseudo-democracia”, “semi-autoritarismo”, “autoritarismo blando”, “dictablanda”, “autoritarismo electoral”, “autocracia electoral”. Estas denominaciones, tratadas casi siempre de manera equivocada como sinónimos, tienen el problema de considerar a todos los regímenes híbridos como formas imperfectas o “moderadas” de democracia o verlos como procesos de transición prolongados hacia la democracia, tal como sucedió en casos como el de México y Taiwán, pero la realidad apunta a que mucho de estos regímenes no van en dirección hacia estados de mayor democracia, sino que por el contrario, constituyen involuciones o retrocesos desde gobiernos democráticos hacia regímenes que utilizan la legitimación electoral para marchar hacia ejercicios de poder mucho más autoritarios como han sido en los casos de Venezuela, Bolivia y Nicaragua o para oxigenar y estabilizar autoritarismos bien establecidos como en el caso de Rusia, Ucrania, Zambia y Zimbabue. Los regímenes híbridos o autocracias electorales, como también se les conoce, se corresponden a una categoría intermedia, de ahí la denominación de híbridos, entre autoritarismo y democracia, que se caracterizan por tomar de la democracia sus mecanismos de legitimación, principalmente aunque no exclusivamente el sufragio, por medio del cual llegan y se mantienen en el poder, pero ejerciéndolo, una vez allí, por medios y prácticas propias de un autoritarismo. En este tipo de régimen los procesos electorales son competitivos en el sentido de que los principales candidatos participan en el proceso, y solo en muy raras ocasiones son impedidos de competir en el proceso por alguna medida formal, los partidos políticos tienen existencia legal y se les permite hacer campaña públicamente, y si bien ocasionalmente existen señales de fraude, éste no se produce de manera masiva sino dentro de límites que permiten cierto nivel de incertidumbre sobre los verdaderos resultados electorales, aunque las elecciones no pueden ser calificadas como libres y justas y los niveles de incertidumbre sobre los potenciales resultados son reducidos al mínimo posible para garantizar la estabilidad del gobierno en el poder. Entre otros mecanismos, es común que estos regímenes traten de controlar el resultado de los procesos electorales mediante mecanismos como la manipulación de las listas de votantes, falsificación de resultados (República Dominicana en 1994 y Ucrania en 2004), intimidación de activistas de oposición, votantes y testigos electorales e incluso impidiendo su acceso a ciertas áreas del país (Cambodia y Zimbabue). A todo evento, estos niveles de fraude si bien se producen dentro de límites que permiten mantener ciertos niveles de incertidumbre y esperanza sobre las posibilidades de poder alcanzar el poder, e incluso se permite un mayor nivel de competitividad a nivel sub-nacional que se traduce en el dominio de la oposición en ciertos territorios, el desnivel en el terreno de competición en condiciones tales como financiamiento y acceso a medios, así como el control del gobierno sobre el árbitro y el proceso electoral hacen muy difícil para la oposición el alcanzar el poder en los puestos determinantes o a nivel del gobierno nacional. El problema con estas categorías es que al ser la democracia multidimensional, existen también múltiples formas de ser parcialmente democrático (Levitsky y Way, 2010). En este sentido cuando hablamos de autoritarismos competitivos nos referimos entonces a una subcategoría de una categoría más amplia o intermedia que es lo que se conoce como regímenes híbridos, que se utiliza para referirse de manera general a aquellos casos que se ubican entre autoritarismos totales o dictaduras cerradas y democracias electorales o imperfectas, sin que pueda encasillárseles con propiedad en ninguna de las dos categorías. Otros tipos de regímenes híbridos incluyen: 1. Las oligarquías constitucionales: En las cuales se niega el derecho al sufragio a una parte importante de la población (Estonia y Letonia a principios de 1990). 2. Los regímenes tutelares: En los que hay elecciones competitivas pero el poder de las autoridades electas está limitado a los condicionamientos de una cúpula no electa que puede ser religiosa (Irán), militar (Pakistán y lo que pareciesen ser los casos de Guatemala y del actual proceso de transición de Egipto) o monárquica (Nepal durante los años 90). 3. Las democracias restringidas o semi-competitivas, como también se les conoce, y que son aquellas en donde existen elecciones verdaderamente libres y competitivas pero con restricciones o prohibiciones de participación sobre uno o varios partidos mayoritarios tal como han sido los casos de Argentina entre 1957 y 1966 y Turquía en los años 90. 4. Y los autoritarismos competitivos que, en particular, pueden ser definidos como un tipo de régimen de gobierno civil en el que existen formalmente las instituciones democráticas, las cuales son vistas y utilizadas como el principal medio para obtener el poder y ejercer la autoridad política, pero donde éstas son utilizadas de manera abusiva por quienes detentan el poder para imponer una ventaja, casi siempre insuperable, sobre los actores de la oposición que pretenden alcanzar el poder mediante elecciones libres, justas y competitivas, incurriendo en violaciones básicas de los estándares mínimos convencionales de una democracia. Profundizando en la caracterización de los autoritarismos competitivos, como el que ha gobernado nuestro país desde 1999, para mejor comprender sus mecanismos de acción y el fundamento de su éxito en mantener su viabilidad y sustentabilidad durante 14 años, aparte de las condiciones especialmente carismáticas (originales y construidas) de su liderazgo, que no son objeto de este estudio pero que sin lugar a dudas resultaron ser de un peso especialmente significativo, resulta importante destacar que este tipo de gobiernos comprenden muy bien que la legitimidad es la mejor base y garantía para el ejercicio del poder, por lo que toda acción de gobierno se ejecuta considerando siempre sus efectos sobre la próxima elección, sobre el desarrollo y el mantenimiento de un piso político que sostenga su legitimidad, o al menos la ventaja necesaria para ganar elecciones, que es al final lo que le otorga su principal característica definitoria, o sea su competitividad. Larry Diamond (2002) destaca que este tipo de regímenes, por necesitar re-legitimar su permanencia en el gobierno de manera constante, ejercen el poder con una especial sensibilidad hacia el efecto de sus decisiones sobre el apoyo popular, siendo esto lo que los diferencia de otras formas de autoritarismo, conscientes de las limitaciones y riesgos de un ejercicio indiscriminado de la represión si se perdiese esta base de apoyo, por lo que con frecuencia la demagogia, el populismo, el clientelismo, así como toda iniciativa que permita ganar elecciones, a cualquier costo, ocupan buena parte del ejercicio de su gestión. En este tipo de regímenes es común, sobre todo cuando hay un descenso en su popularidad, el uso de mecanismos fraudulentos que van más mucho allá de las manipulaciones en el conteo de votos para asegurarse resultados favorables, tales como son la generación de redes clientelares altamente dependientes del gobierno, como ha sido el caso de las misiones en Venezuela, la compra de votos, el control de la autoridad electoral, y un ejercicio algunas veces sutil y/o muy sofisticado de la opresión, tal como se hace cuando se siembre la duda sobre el secreto del voto y sus posibles consecuencias para quienes dependen directa o indirectamente de algún mecanismo clientelar de aseguramiento de la lealtad política, casi siempre legitimado bajo la ropaje de subsidios o planes sociales de ayuda e inclusión dirigidos a los sectores más necesitados, y por lo tanto más dependientes, de la población, o mediante la negación de recursos, permisos, trámites, el incremento de la presión fiscal o la “aplicación de la ley” a aquellos no dependientes económicamente del gobierno que sirven de financistas a los movimientos de oposición, o representan un mayor peligro para el régimen por su capacidad para organizarse. Asimismo es práctica común el uso indiscriminado del ventajismo que otorga el control de los recursos y el poder del Estado para generar dependencia, lealtad e incluso miedo, así como múltiples violaciones a la integridad del proceso mediante la imposición de procedimientos, reglas y prácticas que buscan garantizar la supervivencia política de quienes están en el poder, a lo que en la jerga de los politólogos americanos se ha denominado como “rigged elections”. Aunque estas conductas que podrían calificarse de fraudulentas son un denominador común entre los autoritarismos competitivos, la percepción sobre el nivel de fraude suele ser lo suficientemente moderada como para mantener a la oposición en el juego electoral, el cual es incluso estimulado permitiendo elecciones más competitivas en los niveles sub-nacionales que admiten la competencia entre partidos de gobierno y oposición por el apoderamiento de cuotas de poder y recursos, siempre controlados por el gobierno nocional, que sirven para mantener a la oposición dividida y concentrada territorialmente en sus bastiones de mayor dominio, al tiempo que funciona como mecanismo de estímulo a la existencia de otros partidos que sirven para mantener una carta de presentación democrática a los fines de su legitimación electoral de cara a actores externos e internos. En este sentido, es común la celebración de elecciones con una frecuencia normal o incluso superior a los de una democracia, por la necesidad permanente de relegitimación, sobre todo en procesos refrendarios y en los niveles sub-nacionales (gobernaciones, alcaldías, sindicatos, comunidades, etc.), niveles estos donde es común permitir un mayor grado de competitividad y de incertidumbre sobre los resultados electorales para estimular la participación de la oposición, en una competencia por recursos (siempre controlados y limitados por el gobierno nacional) y poder, estrategia que se conoce como clientelismo competitivo, lo que contribuye a fortalecer la legitimidad e imagen “democrática” del régimen hacía el exterior e incluso entre una parte significativa del electorado. Según los estudios comparados realizados por Levitsky y Way (2010) entre 38 países, en los autoritarismos competitivos las libertades civiles son nominalmente garantizadas y al menos parcialmente respetadas. Normalmente se permiten las reuniones de grupos de oposición e incluso las protestas públicas contra el gobierno, aunque también son frecuentes las presiones, la difamación, persecución, arresto e incluso la desaparición física de activistas y líderes de oposición, jueces que mantienen su independencia, periodistas, activistas de derechos humanos, financistas de la oposición e incluso desertores del mismo régimen y otros actores críticos del gobierno. Existen medios de comunicación privados e independientes, aunque muchas veces condicionados por presiones fiscales o la aplicación de otros mecanismos “legales”. Los partidos políticos, como ya señalamos, operan legalmente y a la vista de todos aunque en situación de desventaja bien sea por el ventajismo del gobierno en el uso de recursos públicos o su absoluta inobservancia de las regulaciones que si aplican a la oposición, o por las limitaciones en el acceso a medios, fuentes de financiamiento y otras presiones o limitaciones legales, que sí le son estrictamente aplicadas a estos y a sus líderes más representativos. Mientras tanto, el ejercicio del poder se hace de manera autoritaria, lo que incluye la desaparición o el debilitamiento sustancial de la división entre poderes públicos, y con ello de los controles de pesos y contrapesos que caracterizan a una democracia. Asimismo, es común el uso de mecanismos, normalmente institucionales y apegados a la ley, o la generación de nuevas leyes, que permitan limitar recursos, controlar actividades y reprimir a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, actores y medios de comunicación que se les opongan, prácticas éstas que se incrementan en la medida que se pierde legitimidad y aumenta el riesgo de perder las elecciones. Cualquier semejanza con nuestra propia realidad es pura coincidencia... Continuamos conversando la próxima semana. Mientras tanto, son bienvenidos sus comentarios y aportes.