VENEZUELA: EL PODER ENFERMO

Juan Manuel Trak / 18 de septiembre de 2014

El realismo político establece que cualquier medio es válido para alcanzar y mantener el poder. En contextos altamente democráticos esto se traduce en competencias electorales en donde la ideología y los programas son el centro de la contienda política, pues la manera más efectiva de alcanzar el poder es a través del ofrecimiento de políticas universales que convenzan al mayor número de votantes posibles de que vote por una opción y no por otra. En contextos democráticos no tan institucionalizados, la ideología y los programas pasan a estar en segundo plano, pues conviven con prácticas clientelares en donde el intercambio directo de bienes, servicios y puestos de trabajo son los incentivos para un número importante de electores que buscan beneficios a corto plazo.

En regímenes híbridos, como el venezolano, el mantenimiento del poder deja de ser un intercambio directo (clientelar) o indirecto (programático) entre políticos y votantes, para transformarse en una relación de dominación en la que el miedo y la dependencia dominan la relación entre los políticos y la sociedad. Así, el Estado se erige como aquel que tiene el control sobre la distribución cuasi monopólica de la alimentación, seguridad, salud, educación y vivienda; que los utiliza como mecanismos para afianzar su sometimiento y control sobre la sociedad. El acceso a estos bienes y servicios deja de ser un hecho normal para ser una acción extraordinaria, la cual es utilizada en beneficio publicitario de quienes gobiernan, sin importar si esa distribución es sostenible en el tiempo.

Desde este punto de vista, la crisis sanitaria tiene una explicación que trasciende la ineficacia e ineficiencia de la burocracia estatal. El sistemático abandono de la red hospitalaria y ambulatoria del país, la pérdida de los planes y políticas de prevención y control de enfermedades, son la consecuencia de ver los derechos consagrados en la Constitución como meros mecanismos propagandísticos, de allí que las misiones sociales focalizadas a temas de salud sean más importantes que la dotación de hospitales, o la contratación de médicos en ambulatorios o la concertación de planes de fumigación con los niveles de gobierno regional o municipal que permitan la prevención de brotes epidémicos como los vistos en las últimas semanas.

De modo que quienes detentan el poder en Venezuela entienden que la salud no es una política de Estado, de allí que la denuncia de la Federación Médica de Aragua sea vista como un acto de terrorismo y no como una voz de alerta por parte del gremio médico ante una situación excepcional. Así, las enfermedades son una amenaza para el gobierno no por las consecuencias sobre la vida y bienestar personal de sus ciudadanos, o sobre la productividad del país; sino porque deja en evidencia la poca importancia que tiene el tema sanitario para quienes dirigen al país.

Así las cosas, mientras el país se hace menos democrático, menor es la importa que tiene el bienestar de la población. El gobierno depende cada vez menos de sus ciudadanos, política y económicamente, dando prioridad a corporaciones como los militares y grupos empresariales leales al gobierno, quienes sostienen la nueva clase política que en contextos democráticos tendría los días contados en el poder.