Extractivismo en Venezuela se hace sin estudios ambientales ni consulta a comunidades indígenas
La palabra extractivismo no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, pero su uso, frecuente en temas económicos, de desarrollo y de ambiente, apunta a un modelo de rentabilidad basado -como su nombre lo indica- en la extracción de recursos del suelo.
Esta puede ser una definición general del término, pero si se habla del contexto actual del extractivismo en Venezuela, alfa y omega de su desarrollo y sustento, las nociones van mucho más allá de un concepto escueto.
En un informe presentado ante Naciones Unidas, la organización no gubernamental Laboratorio de Paz no solo recordó la importancia de la extracción petrolera para Venezuela y las metas propuestas para el “Plan de la Patria 2013-2019”, sino que además concluyó que la explotación de nuevos yacimientos petroleros y la conformación de empresas mixtas para tales fines se viene haciendo “sin cumplir los requisitos establecidos en la Constitución Nacional”.
Verbigracia está la realización y difusión de estudios de impacto ambiental, como queda sentado en el artículo 129 de la Carta Magna; además del incumplimiento de la consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas afectadas. Esto según el 120 de la Constitución.
Otro de los derechos afectados por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo establece el 119 de la ley citada.
“El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país. En opinión de la ONG Provea, la profundización de una economía de tipo extractiva en el país se realiza sin la atenuación de los impactos sociales y ambientales que genera”, reza el informe.
Retroceso administrativo
Además del desplazamiento de pueblos indígenas a manos del Estado que se deriva de la falta de delimitación de sus tierras, Laboratorio de Paz también llama la atención sobre el retraso en políticas ambientales y el debilitamiento de las instituciones correspondientes. En este caso se refieren específicamente al extinto Ministerio del Ambiente, cuyas funciones hoy se diluyen en el recién Ministerio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo.
“En opinión de la Red de Organizaciones Ambientales No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA) esta decisión será un retroceso en materia de políticas e institucionalidad ambiental, y es incongruente con los principios de desarrollo sustentable y derechos ambientales establecidos en nuestra Constitución. El debilitamiento institucional del órgano encargado de la ejecución de políticas ambientales en el país significará menos posibilidades de monitorear y establecer correctivos a las consecuencias negativas del extractivismo en Venezuela”, recoge el trabajo de Laboratorio de Paz.
Ecocidio minero
La publicación también guarda un apartado sobre la actividad minera en áreas protegidas, donde se señala el caso del Parque Nacional Canaima, en la Gran Sabana. Ahí se reseña las denuncias de las mujeres pemonas de la zona, quienes señalaron a mineros ilegales de contratar a miembros de su tribu para esta práctica prohibida en esos espacios por ser declarado Patrimonio de la Humanidad.
Esa actividad, señala Laboratorio de Paz, se ha traducido en el aumento de la deserción escolar, el alcoholismo, abandono de actividades tradicionales, enfermedades “y otros padecimientos como consecuencia de la progresiva incorporación de indígenas a la extracción de minerales. Las mujeres han sido víctimas de amenazas y hostigamientos debido a sus denuncias”.
De “garimpeiros” y guerrillas
Pero las irregularidades en el extractivismo criollo no vienen solo de mineros ilegales y de militares incursos en este tipo de actividades, sino también de grupo guerrilleros que actúan en la Amazonia venezolana conjuntamente con buscadores de oro y piedras preciosas del Brasil: los comúnmente conocidos “garimpeiros”. Esto es lo que recoge el informe sobre el caso:
“La Coiam (coordinadora de organizaciones indígenas de la Amazonia venezolana) ha denunciado que “garimpeiros” ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana así como venezolanos, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en la zona. El gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó que la explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos. La deforestación a causa de la minería ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al año”.
De ahí que la organización no gubernamental proponga las siguientes recomendaciones en su publicación:
- Realizar estudios transparentes de impacto ambiental para medir el grado de contaminación generada por la actividad extractiva en territorios indígenas, haciendo público sus resultados como base para el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades originarias de los proyectos a desarrollarse en su territorio.
- Avanzar en los procesos de demarcación de territorios indígenas, tal como lo establece la CRBV y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci).
- Revertir la militarización del territorio wayuu derogando la creación del Distrito Militar número 1, investigando y sancionando las denuncias de violación al derecho a la vida, integridad personal y libertad personal realizadas por las organizaciones indígenas de la Guajira venezolana.
- Dar cumplimiento pleno al artículo 119 de la CRBV que establece el reconocimiento de las organizaciones sociales, políticas y económicas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.
- Reconsideración de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Vivienda, otorgándole el presupuesto e independencia necesarios para el cumplimiento de su labor de preservación de la naturaleza.
- Establecer canales democráticos de participación, sin exclusión por razones políticas o ideológicas, para las diferentes organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos para el diseño de políticas públicas que disminuyan los efectos negativos de la economía extractiva en el país. (Correo del Caroní, 01.11.2014)
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