Benigno Alarcón Deza– 5 de febrero de 2016
El pasado 6 de diciembre la oposición obtuvo un triunfo contundente en la elección de diputados a la Asamblea Legislativa, obteniendo los dos tercios necesarios para tener la mayoría calificada que le permite ejercer, sin necesidad de negociación con el partido de gobierno, las máximas competencias del poder legislativo, incluida la aprobación de leyes orgánicas, la reforma o enmienda constitucionales y la convocatoria a referéndums consultivos o revocatorios. Pero una consecuencia de esta elección, al menos tan importante como el haber obtenido esta mayoría calificada, es la materialización de un cambio en el balance político entre gobierno y oposición que hoy, tras 17 años de dominio hegemónico del partido de gobierno, se inclina a favor de la oposición, o al menos en contra del partido de gobierno, en lo que podría convertirse en un momento trascendente que marca el inicio de una transición.
Pero como la historia nos demuestra, una transición no siempre es hacia la democracia. Todo régimen híbrido, como el de Venezuela (ver
https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Democracy0115), se enfrenta, más tarde o más temprano, a perder su base político-electoral, al dilema entre permitir una transición política por la vía electoral o seguir controlando el poder, aún el apoyo político que le permitía ganar elecciones, a través de su mutación hacia un autoritarismo hegemónico que le permita estabilizarse en el poder por la fuerza.
Este dilema, entre autocratización y democratización, como hemos dicho en varios artículos anteriores publicados en esta misma columna, termina por resolverse para el gobierno a través de un cálculo costo beneficio entre los costos de tolerar un cambio en el poder y los costos de la represión necesaria para mantenerse en el poder.
Tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero, todas las señales han apuntado hacia la intención gubernamental de autocratizarse, comenzando por la desincorporación de tres diputados de la oposición por orden del Tribunal Supremo de Justicia, hasta el discurso de Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia el pasado sábado 30, en el que se hace un llamado a los magistrados para aislar institucionalmente a la Asamblea, al colocar al Poder Judicial, dominado hoy por el oficialismo, como un supra-poder que está por encima de la separación de poderes establecida en la Constitución, y que tendría la última palabra en relación a cualquier actuación de la Asamblea Nacional.
Es evidente que este aislamiento institucional será el principal obstáculo a vencer por la oposición para poder avanzar hacia cualquier salida institucional que permita el cambio de gobierno que la mayoría del país reclama hoy, y que podría convertirse en un clamor popular en la medida que la crisis económica, va materializándose en consecuencias microeconómicas mucho más dramáticas que las que ya vivimos hoy en día. El problema para la oposición es que ante el hecho del dominio oficialista en todas las instituciones del Estado el aislamiento institucional de la Asamblea Nacional no puede vencerse contando con la cooperación institucional que sería necesaria para cualquier salida institucional, valga la redundancia.
Es así como la oposición cometería un grave error permitiendo la judicialización del conflicto entre Asamblea Nacional y Ejecutivo, y necesitará trasladar el conflicto al único campo de batalla en donde tiene ventaja real hoy en día, o sea, al campo político, lo que implica poner el arbitraje en manos del soberano, tal como lo hiciese Chávez con la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente, consciente de su aislamiento institucional al tomar la presidencia en 1999. En la medida que la oposición gana en el campo político se hace más probable el establecimiento de relaciones de cooperación con actores institucionales moderados que tienen poco que perder y mucho que ganar facilitando una transición pacífica mediante mecanismos institucionales.
Hoy en día la oposición se debate entre los diversos caminos posibles para cumplir con la promesa de cambio que le dio un triunfo contundente en la pasada elección legislativa: la salida progresiva a través de la elecciones a gobernadores, alcaldes y presidenciales de 2016, 2017 y 2018, respectivamente; el referéndum revocatorio; la reducción del período mediante una enmienda constitucional; la convocatoria a una Asamblea Constituyente, etc. Todas estas alternativas tienen sus pros y sus contras que deben ser considerados para tomar la mejor decisión posible, y aún así no estarán exentas de riesgos. Entre tales consideraciones cabe destacar: los altos niveles de legitimidad de la oposición tras haber ganado recientemente una elección, pero que pueden deteriorarse rápidamente en la medida que la situación del país se agrava y la oposición no sea capaz de decidir y dar respuesta oportuna a las demandas crecientes de cambio; el hecho de que hoy en día la oposición constituye la única alternativa visible al oficialismo; y el peligro de que se genere una situación de ingobernabilidad ante el rápido deterioro de la situación económica, lo que terminaría por poner el control en manos de los poderes fácticos.
El que la oposición logre materializar el cambio en el poder, o una transición como se le conoce en el lenguaje de la ciencia política, dependerá en buena parte de un buen manejo político de su situación de aislamiento institucional y de la correcta sincronización entre los tiempos en que evoluciona la crisis y la respuesta política. En tal sentido, es esencial mantener la confrontación oposición - oficialismo en el terreno político, generando mecanismos que saquen el poder de decidir de las instituciones dominadas por el oficialismo y pongan el arbitraje en manos del elector, tal como Chávez hizo a través de una Asamblea Constituyente que permitió el desmontaje del todo el andamiaje institucional del Estado y le permitió tomar el control efectivo del poder. Sin embargo, es importante aclarar que con esta afirmación no trato de inclinar mi posición hacia la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ya que la decisión sobre cuál es el mecanismos apropiado demanda un análisis de condiciones más complejo que escapa a alcance de este artículo. A todo evento, sí es posible llegar a algunas conclusiones, en el intento por responder a la pregunta que titula este trabajo: ¿Es posible para la oposición lograr un cambio de gobierno?
Si se trata entonces de construir una transición por los mecanismos establecidos en la Constitución, como la oposición ha afirmado en muchas oportunidades, y sobre lo cual pareciera existir hoy consenso a nivel de todo el liderazgo político, existen cinco variables en la literatura sobre democratización que Ángel Álvarez, Manuel Hidalgo Trenado y yo identificamos para un reciente artículo que escribimos juntos, y que podrían ayudarnos a responder a esta pregunta sobre la viabilidad de una transición decidida a través de elecciones en Venezuela: 1) Balance entre el costo de opresión y de tolerancia; 2) El nivel efectivo de integridad electoral; 3) El balance de poder entre el partido de gobierno y la oposición; 4) Las condiciones estructurales y específicamente, en este caso, la situación del petro-estado; y 5) La capacidad de influencia de actores internacionales clave respecto a la democratización.
N del E: El desarrollo de estas variables será expuesto en la segunda parte de este artículo, que publicaremos en la próxima Edición, la número 100 de nuestra revista
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