Venezuela
Eventos del 2024
Familiares de presos políticos encienden velas durante una vigilia pidiendo su libertad en Caracas, Venezuela, el domingo 1 de diciembre de 2024.
© 2024 AP Foto/Ariana Cubillos
Fundamental
En vísperas de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, las autoridades intensificaron la represión, atacando a defensores de los derechos humanos y a miembros de la oposición con arrestos e inhabilitaciones y endureciendo las restricciones al espacio cívico.
Tras las elecciones, los observadores internacionales manifestaron su profunda preocupación por la afirmación del consejo electoral de que Nicolás Maduro había sido reelegido. Cuando miles de manifestantes salieron a las calles, las autoridades respondieron con una brutal represión, que incluyó asesinatos, arrestos y otras tácticas represivas más amplias.
Más de 20 millones de venezolanos viven en una situación de pobreza multidimensional, sin acceso adecuado a bienes y servicios esenciales, incluidos alimentos y medicamentos esenciales. Muchos se ven obligados a adoptar estrategias de supervivencia extremas, incluida la huida del país. Aproximadamente 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014.
Elecciones
El 28 de julio, los venezolanos votaron en gran número en las elecciones presidenciales, a pesar de las acciones irregulares del gobierno y las violaciones de los derechos humanos , incluidas las detenciones de miembros de la oposición y las descalificaciones arbitrarias de candidatos de la oposición, como la líder opositora María Corina Machado.
La noche de las elecciones, el consejo electoral de Venezuela declaró que el actual presidente, Nicolás Maduro, había ganado las elecciones con más del 51 por ciento de los votos. Hasta la fecha, el consejo no ha publicado las actas de los distritos electorales ni ha realizado las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana exigidos por ley.
El Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter , que observaron las elecciones en Venezuela a petición de la autoridad electoral, señalaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron los resultados declarados. Otorgaron credibilidad a las actas de escrutinio por distrito electoral que la oposición hizo públicas y que, según el Centro Carter , indicaban que el candidato opositor Edmundo González había ganado las elecciones por un margen significativo.
El 2 de septiembre, un juez emitió una orden de arresto contra González por “conspiración”, “incitación a la desobediencia” y otros delitos. González se vio obligado a huir del país.
Las Naciones Unidas , la Organización de los Estados Americanos , la Unión Europea , Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos instaron a Maduro a publicar las actas de los distritos electorales, realizar una “verificación imparcial” de los resultados y respetar la voluntad del pueblo.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han impulsado conversaciones con el gobierno venezolano, con resultados limitados.
Represión de la disidencia
Venezuela experimentó un aumento de la represión antes de las elecciones, incluyendo arrestos de miembros de la oposición (muchos de los cuales siguen detenidos arbitrariamente y se desconoce su paradero), descalificaciones arbitrarias de candidatos de la oposición y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico.
En enero, el gobierno lanzó el llamado plan “Furia Bolivariana” con el supuesto objetivo de prevenir intentos de golpe de Estado. Poco después, personas no identificadas vandalizaron las oficinas de medios de comunicación, grupos de la sociedad civil y partidos de oposición. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas , entre ellas militares, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, fueron detenidas por presunta conspiración.
Tras el anuncio de los resultados electorales, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo (el movimiento político creado por el fallecido presidente Hugo Chávez), protestó en gran número. Las autoridades respondieron con violencia y abusos generalizados , incluidos asesinatos, detenciones y procesamientos arbitrarios y acoso a los críticos.
Human Rights Watch recibió información creíble sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificó evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados pro gubernamentales conocidos como “colectivos” con varios de estos asesinatos. El grupo pro bono local Foro Penal informó que más de 1.900 “presos políticos” han sido arrestados desde el 29 de julio, incluidos 42 adolescentes, de entre 14 y 17 años, que continuaban tras las rejas a fines de noviembre. Estas detenciones suman un total de 17.882 arrestos por motivos políticos desde 2014, según Foro Penal.
Muchos de los arrestos ocurrieron como parte de una operación de las fuerzas de seguridad que el gobierno llama “Operación Knock Knock” ( Operación Tun Tun ), que implica detenciones masivas de manifestantes, arrestos selectivos de críticos y el uso de las redes sociales por parte del gobierno y las fuerzas de seguridad para infundir miedo en la población. El gobierno también alentó a los ciudadanos a denunciar a los manifestantes a través de aplicaciones como Ven App, y las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas abusivas, especialmente en comunidades de bajos ingresos.
Los fiscales han acusado a cientos de personas de delitos a veces muy amplios que conllevan penas severas, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
A menudo, los detenidos permanecen incomunicados durante semanas, se les niega el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y se les presenta en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración justa de la justicia. Se informa de que algunos, incluidos adolescentes, han sido golpeados y sometidos a otros malos tratos durante la detención.
La oficina del Secretario General de la ONU , el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) y algunos expertos independientes de la ONU criticaron la represión poselectoral. La FFM dijo que el gobierno actuó de manera “deliberada” y desplegó “los mecanismos más duros y violentos de su aparato represivo”, generando un “clima generalizado de temor entre la población”.
Impunidad
El poder judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Chávez aprobó una reforma judicial y llenó la Corte Suprema con sus partidarios. Desde entonces, la Corte ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de las críticas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó de demoras persistentes en las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las protestas y en los operativos de seguridad y dijo que las investigaciones “no han abordado la cadena de responsabilidad”.
El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció su decisión de suspender las actividades de la OACNUDH en el país. Esta decisión se produjo luego de que la oficina expresara su preocupación por la detención de la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, señalando que podría constituir una desaparición forzada.
El 1 de marzo, una sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la corte a reanudar la investigación de su oficina sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela. El fiscal estableció una oficina en Caracas para facilitar la asistencia a las autoridades venezolanas en caso de que realicen sus propias investigaciones.
En septiembre, un juez de Argentina citó y emitió órdenes de arresto contra Nicolás Maduro, su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y más de una docena de otros funcionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad, para asegurar su testimonio en un caso presentado contra ellos bajo el principio de jurisdicción universal por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución propuesta por varios gobiernos regionales (Canadá, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay) que renueva el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por un período de dos años. El Consejo pidió a la Misión que investigara la represión poselectoral, incluida la violencia de los “colectivos”.
Ataques a defensores de derechos humanos
A lo largo de 2024 se reportaron medidas represivas contra la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, registrándose más de 592 ataques en el primer semestre de 2024, un aumento del 92 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023.
Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades han cancelado los pasaportes de defensores de derechos humanos, críticos, líderes políticos y periodistas independientes, impidiéndoles salir del país. Hasta agosto, la CIDH había informado de 36 casos. Es probable que la cifra total sea mayor.
El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó un proyecto de ley que otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley, que al momento de redactarse este artículo Maduro aún no había promulgado, exige que todas las organizaciones que operan en el país se registren y presenten documentos detallados al poder ejecutivo. Incluye vagas “prohibiciones”, “delitos” y motivos para disolver estos grupos, lo que socava gravemente la libertad de asociación.
Al momento de redactar este informe, los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida en el aeropuerto de Caracas en febrero, y Javier Tarazona, arrestado en julio de 2021, entre otros, continuaban en prisión.
Libertad de expresión
Las autoridades han estigmatizado, acosado y reprimido a los medios de comunicación, cerrando a menudo aquellos que los criticaban.
Espacio Público, un grupo de defensa de la libertad de expresión, registró 507 violaciones al derecho a la libertad de expresión ocurridas entre enero y agosto, incluidos casos de intimidación (168), censura (101) y acoso judicial (65). La mayoría de los casos se registraron en julio, en el contexto de las elecciones. En el mismo período, Espacio Público informó que las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 19 trabajadores de la prensa, la autoridad nacional de telecomunicaciones cerró 15 estaciones de radio y las autoridades gubernamentales bloquearon al menos 35 sitios web de noticias digitales y ONG, plataformas de contenido político, así como plataformas como X, Wikipedia y la aplicación de mensajería cifrada Signal.
Emergencia humanitaria
Más de 20 millones de venezolanos, de una población de 28,8 millones, viven en pobreza multidimensional debido a la precariedad económica y a los deficientes servicios públicos, habiendo perdido irreversiblemente sus medios de sustento y subsistencia, y 14,2 millones enfrentan graves necesidades humanitarias, según la plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil HumVenezuela .
En marzo, la organización humanitaria venezolana Convite estimó que al menos algunos medicamentos esenciales no estaban disponibles en el 28,4 por ciento de los dispensarios farmacéuticos del país, y varios de los que estaban disponibles eran inasequibles para muchos.
Los venezolanos enfrentan el hambre, que afecta a 5,1 millones de personas . El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación identificó las sanciones económicas y la instrumentalización política de los programas alimentarios estatales como factores que obstaculizan la realización del derecho a la alimentación.
La actual crisis humanitaria obliga a muchos a adoptar estrategias de supervivencia extremas , como estirar su presupuesto, aumentar su carga de trabajo, saltarse comidas, intercambiar bienes por sexo o huir del país.
A principios de diciembre, el Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas seguía sin contar con fondos suficientes, con menos del 28 por ciento.
Crisis de refugiados
Desde 2014, unos 8 millones de venezolanos han abandonado el país, de los cuales unos 6,5 millones se han reubicado en América Latina y el Caribe. Tras las elecciones, el 43 por ciento de los venezolanos encuestados estaba considerando abandonar el país, según una encuesta local. Algunas personas ya han huido del país, incluidos políticos, miembros de colegios electorales y votantes.
Una combinación de factores hace que los venezolanos huyan, incluidas las duras condiciones económicas y la persecución.
Las restricciones de movimiento en otros países, como los requisitos de visa, algunos promovidos por los EE. UU., así como el acceso limitado al asilo y la regularización, los programas de integración deficientes y la discriminación y xenofobia en los países vecinos conducen a muchos a rutas peligrosas como el Tapón del Darién , una peligrosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá, donde están expuestos a abusos. Entre enero y octubre, más de 198.000 venezolanos cruzaron el Tapón.
Grupos armados
Los grupos armados, incluidos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y los grupos que surgieron después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), operan principalmente en estados fronterizos, aplicando brutalmente normas que rigen las actividades cotidianas.
Se informa que “colectivos”, grupos criminales y grupos armados intimidaron a candidatos y votantes de la oposición durante la campaña electoral, particularmente en zonas fronterizas y mineras.
Derechos de las mujeres y las niñas
El aborto está penalizado excepto cuando esté en riesgo la vida de la persona embarazada.
El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas, incluida la atención materna, la planificación familiar y el acceso a la anticoncepción, sigue siendo inadecuado.
La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 127 feminicidios y 51 intentos de feminicidio entre enero y septiembre. El gobierno no ha publicado datos sobre feminicidios desde 2016.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas siguen “careciendo de recursos y de acceso a una alimentación adecuada”, según un experto de la ONU , y se ven afectados desproporcionadamente por “la desnutrición, la pobreza extrema, así como la exposición a enfermedades y la degradación ambiental en parte debido a las actividades extractivas dentro de sus territorios”. Las actividades mineras ilegales y la violencia debido a la presencia de grupos armados y criminales en sus territorios han desplazado por la fuerza a muchas comunidades indígenas.
La minería, junto con la agricultura, es uno de los principales impulsores de la deforestación en la Amazonia venezolana. Según se informa, las fuerzas de seguridad colaboran con los mineros ilegales, entre otras cosas suministrando mercurio para la extracción de oro y atacando a civiles con un uso desproporcionado de la fuerza. El oro venezolano extraído ilegalmente se trafica a Brasil, Colombia y la República Dominicana y luego se exporta a otros destinos.
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