Movilización de base y gestión municipal

por POLITIKA UCAB • JUNIO 26, 2014

     

Por: José Gregorio Delgado / Jueves, 26 de junio de 2014

Un marco legal con historia

Explicar la importancia de la organización ciudadana como un factor necesario en las comunidades para el desarrollo de una propuesta de gobernabilidad democrática encuentra entre nosotros un interés histórico, jurídico y político de primer orden, se avanza en argumentos que favorecen la idea de generar promotores del desarrollo local y de la participación ciudadana.

En este recorrido un 15 de junio de 1989, hace veinticinco años, se publica en la Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Régimen Municipal y se inicia el proceso de discusión para la modificación de su Reglamento Parcial con el propósito de establecer las bases organizativas e institucionales de la participación de la comunidad en la gestión municipal, así entre profesionales y líderes sociales se llega al convencimiento de la necesidad de la educación ciudadana para fortalecer la participación vecinal en los gobiernos locales.

Desde nuestra perspectiva profesional el componente jurídico marca los contenidos de una materia que se aprecia como de gran utilidad en el desarrollo del diplomado de Gobernabilidad y Gerencia Política, ya transformado en programa, nos permite desarrollar los antecedentes de la participación vecinal y la gestión de las municipalidades en la Venezuela contemporánea, de allí la referencia a los elementos que tenemos a mano para evaluar los resultados de una gestión municipal participativa, tomando en cuenta las pautas legales y constitucionales, que a partir de 1999, se transformarían en el marco normativo del Poder Público Municipal en correspondencia con los elementos de la institucionalidad local democrática con aspectos representativos y participativos.

En el desarrollo de la democracia que se instala a partir de 1958 en Venezuela perfectamente se distinguen los aspectos propios de una democracia representativa de partidos políticos y las propuestas para establecer el modelo de la democracia participativa de ciudadanos y organizaciones, en el contexto de una complementariedad necesaria para transitar exitosamente de la participación de la comunidad a  la participación protagónica en la gestión local, siguiendo el enunciado de las leyes sobre la materia, donde los vecinos organizados interactúan con las autoridades locales en la búsqueda de objetivos comunes como la promoción y la institucionalización de la participación y el desarrollo local.

Dos modelos en pleno desarrollo

El modelo Municipalista participativo se identifica históricamente en el reconocimiento social e institucional de la existencia de un movimiento vecinal reivindicativo y propositivo de las reformas municipales y electorales que se desarrollaron en nuestros país desde 1979 a 1999, igualmente, encuentra su fundamento jurídico en los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y ratificados en el referendo constitucional del 2 de diciembre de 2007, que apoyó el no a la Reforma Constitucional, sin olvidar por supuesto, el desarrollo legislativo de la Ley de los Consejos Locales de 2002, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005, con sucesivas reformas, sin alterar los componentes participativos de sus contenidos.

En paralelo se ha promovido el establecer un modelo comunal que se presenta con una característica de participación ciudadana o popular a partir de la propuesta de los consejos del poder popular. En el contexto de la propuesta de la Explosión del Poder Comunal, en el marco de los denominados “cinco motores”, junto a la propuesta de la Reforma Constitucional del 2007. Desarrollado en distintas leyes nacionales como la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de 2009 y decretos con rango, valor y fuerza de leyes, en el marco de las leyes habilitantes entre el 2007 y 2012 o en las denominadas “Leyes del Poder Popular” de 2010.

Una democracia con pluralidad organizativa

Estos contenidos participativos, asociados a la gobernabilidad democrática, expresan el reconocimiento normativo de una realidad en la experiencia democrática venezolana, en el período 1958 – 2013, donde los partidos juegan un papel importante, pero, no son los únicos sujetos organizados que expresan la voluntad popular, de allí se desprende la existencia de las denominadas comunidades organizadas, a partir de diversos intereses y demandas sociales que llegan en primera instancia a las autoridades municipales, es el pueblo organizado que en democracia recorre el lento proceso de reconocerse y ser reconocido como sujeto político, que actúa conforme a las normas asociativas y participativas que se derivan de la Constitución y las leyes, para dar forma a la institucionalidad democrática y establecer relaciones constructivas entre el Estado y la Sociedad, desde el espacio territorial de los municipios.

Con esta panorámica damos forma y contenido a la materia de la movilización de bases, una forma de movilización social que se sustenta en las organizaciones sociales o comunitarias que presentan sus propuestas y demandas desde las necesidades y las oportunidades reconocidas en las diferentes comunidades y experimentan la participación ciudadana, popular y comunitaria en la base de la pirámide organizativa de la sociedad democrática, donde se promueven los denominados “cuerpos intermedios” entre los vecinos-ciudadanos y los municipios, como entidades locales de la organización nacional que representan al Estado.

Estamos en presencia de una forma de movilización colectiva que se expresa en procesos y proyectos locales, donde se reconocen los promotores sociales e institucionales relacionados como agentes de la participación ciudadana y el desarrollo local, y que interactúan dentro de los términos territoriales de los municipios y las parroquias, como entidades locales que se organizan y deciden con criterios participativos desde la ciudadanía y las comunidades locales para lograr un desarrollo integral de cada comunidad municipal.

En esta movilización de bases se interrelacionan diversos sujetos políticos y sociales para ejercitan una diversidad de medios de participación que le permiten dar contenidos locales a cuatro procesos de carácter constitucional, que se desarrollan desde la gestión local, que identificamos en la planificación, la descentralización, el desarrollo y la participación.

Es un modelo democrático integral que se sustenta en el reconocimiento de la diversidad de procesos y la pluralidad de actores, para dar vida a un sistema político complejo y abierto, que se fortalece desde la denominada democracia municipal, donde la participación se identifica como un principio organizativo del Poder Público Municipal y un derecho – deber de los vecinos ciudadanos, desarrollando un proceso sociopolítico que se caracteriza por el reconocimiento de las comunidades organizadas y los vecinos organizados que se expresan en organizaciones sociales plurales y diversas, que se pueden llegar a expresar como movimientos sociales o populares.

Participación activa, consciente y solidaria

En el contexto constitucional venezolano vigente las características de la participación se expresan como un modelo integral, hasta el punto que identificamos la existencia de la Constitución participativa, tomando en cuenta la existencia de 130 referencias directas o indirectas a la participación, en los 350 artículos que dan forma y contenido a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde siempre hemos insistido que la sola existencia jurídica de la participación, en cualquiera de sus modalidades, no es suficiente para que se haga efectiva, de allí la importancia de la participación ciudadana como un factor que permita el desarrollo de criterios de eficacia, eficiencia y efectividad de las experiencias participativas, comenzando por el ámbito municipal a partir de contenidos participativos comunitarios en el contexto del ejercicio de la ciudadanía.

Un elemento que siempre señalamos es la obligación legal de las autoridades locales de establecer un programa municipal de educación ciudadana para la participación vecinal o comunitaria, una deuda pendiente en la gestión municipal contemporánea.

En consecuencia, proponemos un proceso de aprendizaje fundamentado en el debate, la deliberación y la decisión con respecto a la participación, intentando responder con los participantes a preguntas básicas como:

- ¿Qué es la participación?
- ¿Por qué participan las personas?
- ¿Para qué se participa?
- ¿Cómo se participa?
- ¿Dónde se participa?
- ¿Quién desarrollo la participación?
- ¿Cuáles son los recursos necesarios para participar?

El otro aspecto que promovemos al momento de establecer una evaluación de las experiencias de participación, se refiere a cinco elementos básicos que guían la acción de los promotores o los ejecutores de la participación en el ámbito municipal o local, sean ciudadanos o funcionarios públicos. Así se definen los compromisos y las experiencias participativas como transformadores de la gestión local, para el desarrollo de las ideas y las propuestas en torno al modelo del Municipio participativo, allí surge el AEIOU de la participación:

- Autonomía de las experiencias participativas.
- Educación ciudadana en el ejercicio de la participación.
- Información administrativa disponible para participar.
- Organizaciones sociales diversas en la participación.
- Utilidad colectiva de las experiencias de participación.

Es oportuno hacer un paréntesis en la exposición, para señalar que estos cinco elementos básicos también se pueden aplicar en la evaluación de las características exigibles a una noción democrática y social del poder popular con carácter participativo, que incide en las decisiones y las acciones del gobierno local. Y consecuencia, se impone una revisión, rectificación y relanzamiento de los criterios legales del poder popular que se han pretendido imponer en nuestro país.

Desarrollo local participativo

Una de las consideraciones fundamentales que se desprenden del proceso de desarrollo está relacionado con la diversidad y el pluralismo de las expresiones del proceso de desarrollo.

En este aspecto uno de los criterios más destacados es el rol del Municipio como actor del desarrollo local, a partir del ejercicio de las funciones básicas reconocidas en la Constitución y las leyes para sus autoridades, como expresión de un Poder Público Municipal comprometido con la democracia y la participación ciudadana. En este sentido desde las funciones de gobierno, legislación, planificación y contraloría, que caracterizan la gestión local o municipal, se pueden construir las condiciones institucionales para lograr el desarrollo local.

El otro componente del desarrollo local se encuentra en las alianzas sociales o el desarrollo de organizaciones y movimientos sociales, que presentan sus propuestas o demandas de transformación de la gestión local bajo la visión de la construcción colectiva del desarrollo local. La idea de los proyectos comunitarios no agota la noción de las experiencias participativas locales, de allí la importancia de establecer las agendas de desarrollo local, al establecer el horizonte más amplio a la gestión local, con la activa y suficiente participación de los actores involucrados en el desarrollo integral de las personas y las comunidades que conforman los municipios.

El establecimiento de las llamadas agendas de desarrollo local (comunitarias, parroquiales o municipales) es un aporte importante a la visión solidaria y responsable de las organizaciones y movimientos de base, para ampliar sus pensamientos y acciones más allá de la propia organización o de la comunidad donde se actúa.

Esta visión del desarrollo endógeno o local, que valora los recursos propios existentes en cada comunidad, parroquia o municipio es importante al momento de reconocer la complejidad y el pluralismo natural en cada contexto social o comunitario y en la propia gestión municipal.

Esta construcción de agendas de desarrollo local es un paso muy significativo al momento de darle contenido y músculo a las expresiones organizativas necesarias para el logro del desarrollo armónico y sustentable, partiendo desde la comunidad municipal. Es dar un paso adelante en la viabilidad de las agendas alternativas que caracterizan  las propuestas de organizaciones de base y movimientos sociales, que aspiran a transformar en positivo las condiciones de su entorno. Es crear el espacio y la oportunidad para que los distintos actores políticos, sociales, económicos y culturales presenten sus propuestas y proyectos articulados en una visión común del desarrollo local. Aceptando la diversidad de los sujetos involucrados o asociados en los compromisos y las acciones acordadas en función del desarrollo local o municipal.

Las agendas de desarrollo local se convierten en herramientas para el aprendizaje y el intercambio de saberes entre los voceros o representantes de las comunidades, los líderes de las organizaciones de base, los productores, los comerciantes, los prestadores de servicios, los profesionales solidarios con las necesidades insatisfechas de las comunidades y los funcionarios del Estado, de carácter nacional, estadal o municipal, en el contexto de su mutuo reconocimiento como actores y autores del desarrollo. Entre las propuestas que hacemos a los participantes en nuestra materia de movilización de bases, se encuentra el reconocimiento de la relación entre el derecho a la democracia y el derecho al desarrollo, como derechos instrumentales que se activan desde la participación ciudadana, popular, social o comunitaria y en el uso de los medios de participación para hacer valer la voz y el derecho de los distintos actores que intervienen en el contenido de las agendas de desarrollo local.

Las experiencias participativas si bien se relacionan con proyectos específicos en cada comunidad, se expresan como una oportunidad de trascender a los intereses particulares o de grupos para manifestarse en propuestas y agendas de desarrollo humano integral o de desarrollo local, que implican reconocer la madurez y la complejidad de las organizaciones de base, que sin olvidar o desnaturalizar lo que específico suyo o el cumplimiento de sus propios objetivos, muestra sus capacidades para articularse y coordinar en sus relaciones con otros actores y llegar a factores tangibles del bien común, la utilidad colectiva o el mejoramiento de la calidad de vida como indicadores de un desarrollo local participativo.

Al plantear la movilización de bases y sus relaciones con la gestión municipal, tenemos como punto de partida, el deber ser contenido en las normas, pero valoramos las realidades que se asocian a la participación y la complejidad o la diversidad de ópticas que se presentan, en el camino que construye el desarrollo local. Allí el municipio y sus autoridades o los ciudadanos y sus organizaciones tienen algo que decir desde la perspectiva democrática, en un proyecto compartido, que se debe manifestar en la gobernabilidad democrática municipal.